Por Alejandro Armenta Mier
Desaparición forzada –también desaparición involuntaria de personas- es el término jurídico que designa un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen contra la humanidad siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o también, particularmente en América Latina, como detenidos desaparecidos.
En general, por “desaparecidos” se entiende aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha sido señalada, sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto armado internacional o sin carácter internacional o de violencia interna -disturbios interiores y situaciones en las que se requiera la acción de una institución neutral e independiente-.
El crimen de desaparición forzada, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado, grupos o individuos, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla de la protección de la ley.
Los efectos de la desaparición forzada perduran hasta que no se resuelve la suerte o paradero de las personas, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares o allegados. Estos últimos -especialmente los niños por su vulnerabilidad- son considerados también víctimas de este crimen.
El impulso para el reconocimiento de este crimen en la jurisprudencia internacional tuvo lugar desde el último cuarto del siglo XX, a raíz de la multiplicación de los casos de desparecidos en América Latina y gracias a la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, y en particular por la iniciativa de organizaciones no gubernamentales -que surgieron, especializándose en su denuncia y concienciación-.
Organizaciones de derechos humanos calculan que entre 1966 y 1986 unas 90 mil personas ”desaparecieron” en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Haití. Esta cifra incluye a niños de corta edad y a bebés que nacieron mientras sus madres estaban detenidas en países como Argentina, El Salvador, Guatemala y Uruguay.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias agregó que una modalidad de esas prácticas son las llamadas “desapariciones de corto plazo” en las que las víctimas son detenidas durante semanas o meses en centros clandestinos fuera de la protección de la ley donde a menudo son sometidas a tortura.
La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas- de la que México es parte- tuvo efecto en el año 2010, fortaleciendo los esfuerzos por abordar los cinco ámbitos de acción prioritarios que fueron identificados por expertos gubernamentales y no gubernamentales sobre las personas desaparecidas.
Esos cinco ámbitos de acción, que también han sido adoptados por otros organismos internacionales, son la prevención de las desapariciones, la averiguación del paradero de las personas dadas por desaparecidas, la gestión de la información y tratamiento de los registros sobre personas dadas por desaparecidas, la gestión de los restos humanos y de la información sobre las personas fallecidas además del apoyo a los familiares de las personas dadas por desaparecidas.
En México, gracias al trabajo incansable de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las desapariciones forzadas se han vuelto visibles pero los números históricos sobre cuántas personas han desaparecido en este país no tiene un dato certero, ya en las últimas décadas no se han generado estadísticas oficiales.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2007 y 2012 el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10 mil 253 a 20 mil 548. En el mismo sentido, las denuncias por secuestro prácticamente se triplicaron al pasar de 438 en 2007 a mil 268 en 2012; la misma fuente señala que las denuncias por extorsión se duplicaron en dicho periodo al pasar de 3 mil 123 a 6mil 045.
De acuerdo a la base de datos de las personas reportadas como desaparecidas en México, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) dio a conocer la cifra oficial en febrero del 2013, la cual ascendía a 27 mil.
Ante este alarmante contexto, con la premisa de consolidar un Estado democrático que tenga como uno de sus componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, la nueva política de Estado por la seguridad y justicia de los mexicanos, implica una propuesta integral, además de fortalecer los cuerpos de seguridad, alinear las políticas públicas, los programas sociales y las acciones gubernamentales hacia los objetivos de reducir la violencia y abatir la impunidad.
martes, 27 de agosto de 2013
lunes, 19 de agosto de 2013
México: Comprometido con la Asistencia Humanitaria
Por Alejandro Armenta Mier
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria reconoce a quienes enfrentan el peligro y la adversidad para ayudar a otros. Estos trabajadores -especializados en él auxilio humanitario- brindan ayuda a millones de personas en todo el mundo sin importar quiénes son y en dónde se encuentran.
En ese contexto, el 19 de agosto fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria por ser el aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de la ONU en 2003; como una conmemoración para ayudarse unos a otros.
Todos los años se presentan desastres que causan un enorme sufrimiento para millones de personas, en especial los más pobres, los más marginados y los más vulnerables en el mundo. La asistencia humanitaria se fundamenta en principios fundamentales que incluyen la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. El personal de ayuda humanitaria puede ser internacional, aunque en su mayor parte son originarios del país en el que trabajan, unidos por su compromiso con los principios humanitarios.
Responder a las emergencias es sólo un aspecto del trabajo humanitario ya que los trabajadores también brindan apoyo a las comunidades para reconstruir sus vidas después del desastre, para mejorar su capacidad de recuperación ante futuras crisis, para abogar por que sus voces sean escuchadas y para construir una paz sostenible y duradera en zonas de conflicto.
Los trabajadores de asistencia humanitaria se esfuerzan por brindar ayuda y rehabilitación a largo plazo a las comunidades golpeadas por desastres en cualquier lugar del mundo, sin discriminar por la nacionalidad, grupo social, religión, sexo o raza.
Aunque este trabajo es uno de los oficios más peligrosos del mundo -secuestros, disparos y amenazas de muerte forman parte de la descripción de su trabajo en lugares como Sudán, Siria, Somalia y otras zonas castigadas por los conflictos- quienes trabajan en esos inestables territorios corren cada vez mayores peligros, al tiempo que prestan una ayuda vital a las víctimas de las guerras y de las catástrofes en todo el mundo.
En la última década los ataques a los puestos humanitarios se han triplicado. Según las Naciones Unidas, desde 2011, 109 trabajadores humanitarios han sido asesinados, 143 han sido heridos y 132 han sido secuestrados.
En México, la ayuda humanitaria tiene un contexto internacional de carácter bilateral, apoyando al país afectado bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades.
Las instancias de gestión que participan para solicitar ayuda humanitaria a nuestro país, pueden tener los siguientes orígenes: que el Presidente de la República ofrezca la ayuda humanitaria como un gesto de solidaridad ante los desastres causados por algún fenómeno natural; que el Presidente del país afectado la solicite ayuda humanitaria directamente al Ejecutivo de nuestro país o que la petición de ayuda humanitaria sea realizada a través de las Cancillerías correspondientes.
Es así que, México -por conducto de iniciativas de ayuda humanitaria desarrolladas ante contingencias y desastres padecidos por cualquier país de la comunidad internacional- brinda apoyo sistemático en la medida de sus posibilidades, para que los afectados por remonten primero las emergencias y después las condiciones que permitan su restablecimiento y sustentabilidad.
En esta lógica -en el 2010- México refrendo el perfil humanitario para su política de cooperación al instrumentar numerosas y solidarias respuestas de ayuda a países del Continente Americano como Haití, Guatemala, Honduras, Belice, Colombia y Venezuela, afectados por severas contingencias sísmicas, volcánicas e hidrometeorológicas.
Esta solidaridad ha sido reciproca, ya que cuando México ha sufrido embates de la naturaleza ha sido beneficiado por la cooperación internacional. Así, cuando se padecieron los estragos de la naturaleza en virtud del sismo en Mexicali -2010-, así como de las consecuentes destrucciones del huracán Alex, la respuesta de países como Estados Unidos fue pronta y de gran valía. De igual forma, ante el desastre ocurrido con motivo de los deslaves en Oaxaca y Chiapas -en octubre del mismo año- varios países como Guatemala, Chile, Japón y Estados Unidos, denotaron su disposición de apoyo.
Es una realidad que las contingencias naturales seguirán presentándose - incluso bajo patrones de mayor impacto- por lo que el Gobierno de la República promueve alianzas, esquemas y procedimientos de cooperación y ayuda humanitaria, con el fin de hacerlos más eficientes y efectivos, para una ayuda humanitaria pronta y útil para las poblaciones de países afectados.
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria reconoce a quienes enfrentan el peligro y la adversidad para ayudar a otros. Estos trabajadores -especializados en él auxilio humanitario- brindan ayuda a millones de personas en todo el mundo sin importar quiénes son y en dónde se encuentran.
En ese contexto, el 19 de agosto fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria por ser el aniversario del ataque al cuartel general de las Naciones Unidas en Bagdad, en el que murieron 22 miembros de la ONU en 2003; como una conmemoración para ayudarse unos a otros.
Todos los años se presentan desastres que causan un enorme sufrimiento para millones de personas, en especial los más pobres, los más marginados y los más vulnerables en el mundo. La asistencia humanitaria se fundamenta en principios fundamentales que incluyen la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. El personal de ayuda humanitaria puede ser internacional, aunque en su mayor parte son originarios del país en el que trabajan, unidos por su compromiso con los principios humanitarios.
Responder a las emergencias es sólo un aspecto del trabajo humanitario ya que los trabajadores también brindan apoyo a las comunidades para reconstruir sus vidas después del desastre, para mejorar su capacidad de recuperación ante futuras crisis, para abogar por que sus voces sean escuchadas y para construir una paz sostenible y duradera en zonas de conflicto.
Los trabajadores de asistencia humanitaria se esfuerzan por brindar ayuda y rehabilitación a largo plazo a las comunidades golpeadas por desastres en cualquier lugar del mundo, sin discriminar por la nacionalidad, grupo social, religión, sexo o raza.
Aunque este trabajo es uno de los oficios más peligrosos del mundo -secuestros, disparos y amenazas de muerte forman parte de la descripción de su trabajo en lugares como Sudán, Siria, Somalia y otras zonas castigadas por los conflictos- quienes trabajan en esos inestables territorios corren cada vez mayores peligros, al tiempo que prestan una ayuda vital a las víctimas de las guerras y de las catástrofes en todo el mundo.
En la última década los ataques a los puestos humanitarios se han triplicado. Según las Naciones Unidas, desde 2011, 109 trabajadores humanitarios han sido asesinados, 143 han sido heridos y 132 han sido secuestrados.
En México, la ayuda humanitaria tiene un contexto internacional de carácter bilateral, apoyando al país afectado bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades.
Las instancias de gestión que participan para solicitar ayuda humanitaria a nuestro país, pueden tener los siguientes orígenes: que el Presidente de la República ofrezca la ayuda humanitaria como un gesto de solidaridad ante los desastres causados por algún fenómeno natural; que el Presidente del país afectado la solicite ayuda humanitaria directamente al Ejecutivo de nuestro país o que la petición de ayuda humanitaria sea realizada a través de las Cancillerías correspondientes.
Es así que, México -por conducto de iniciativas de ayuda humanitaria desarrolladas ante contingencias y desastres padecidos por cualquier país de la comunidad internacional- brinda apoyo sistemático en la medida de sus posibilidades, para que los afectados por remonten primero las emergencias y después las condiciones que permitan su restablecimiento y sustentabilidad.
En esta lógica -en el 2010- México refrendo el perfil humanitario para su política de cooperación al instrumentar numerosas y solidarias respuestas de ayuda a países del Continente Americano como Haití, Guatemala, Honduras, Belice, Colombia y Venezuela, afectados por severas contingencias sísmicas, volcánicas e hidrometeorológicas.
Esta solidaridad ha sido reciproca, ya que cuando México ha sufrido embates de la naturaleza ha sido beneficiado por la cooperación internacional. Así, cuando se padecieron los estragos de la naturaleza en virtud del sismo en Mexicali -2010-, así como de las consecuentes destrucciones del huracán Alex, la respuesta de países como Estados Unidos fue pronta y de gran valía. De igual forma, ante el desastre ocurrido con motivo de los deslaves en Oaxaca y Chiapas -en octubre del mismo año- varios países como Guatemala, Chile, Japón y Estados Unidos, denotaron su disposición de apoyo.
Es una realidad que las contingencias naturales seguirán presentándose - incluso bajo patrones de mayor impacto- por lo que el Gobierno de la República promueve alianzas, esquemas y procedimientos de cooperación y ayuda humanitaria, con el fin de hacerlos más eficientes y efectivos, para una ayuda humanitaria pronta y útil para las poblaciones de países afectados.
lunes, 12 de agosto de 2013
Juventud Mexicana: Panorama y Compromisos
Por Alejandro Armenta Mier
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, celebrándose por primera vez en el año 2000 con el propósito de revisar los alcances del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) aprobado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Actualmente, los jóvenes representan el 18% de la población mundial, es decir 1.296 millones de personas; el 87% de ellos viven en países en vías de desarrollo -en donde Asía representa casi el 60% y el 23% restante vive en regiones de África, América Latina y el Caribe-; en 2025 el número de jóvenes viviendo en los países en vías de desarrollo alcanzará el 89.5% de acuerdo a las prospectivas poblacionales.
En ese contexto, hay que tomar en cuenta que los jóvenes afrontan problemas generados por el acceso limitado a los recursos, el empleo, las oportunidades económicas además de acceso limitado a los servicios públicos como el suministro de agua potable, las carreteras, la asistencia sanitaria y la educación. Según el Informe sobre el Estado de la Juventud Mundial 2005, se estima que aproximadamente 11 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar por día y, 27.2 millones con menos de 2.
En México residen 20.2 millones de personas entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones son adolescentes (de 15 a 19 años) y 9.8 son adultos jóvenes (de 20 a 24 años); siendo que en México la población considerada como jóvenes oscila entre los 15 y 29 años, suman casi 30 millones que representan cerca de la quinta parte de la población total del país, la cual ascendió a 108.4 millones de acuerdo al último censo en 2010.
Los proyectos gubernamentales que han pretendido resolver los problemas nacionales en los últimos años se han desentendido de las necesidades específicas de este sector de la población.
Los datos publicados por instancias oficiales nacionales e internacionales describen la problemática que vive la juventud en México: 30.3 millones de menores de edad viven con al menos una carencia social, 53.8% padecen pobreza y 25.3% sufren inseguridad alimentaria.
Según CONEVAL Y UNICEF, 5.1 millones de niños y adolescentes viven en pobreza extrema el 47.1% de los jóvenes trabaja, sólo el 26.7% estudia y el restante 26%(7.5 millones) no estudia ni trabaja.
En materia educativa, hay mucho por hacer pues 12.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no van a la escuela. Más del 90% de los aspirantes a ingresar a la UNAM son rechazados, situación similar se replica en la educación superior a nivel nacional; de los que ingresan sólo se titula el 39% (ANUIES 2008), lo que representa el 12% de los que ingresaron a la educación básica. Para los egresados de educación superior el panorama es desalentador ya que en la última década 40% están desempleados, en el subempleo o trabajan en una actividad ajena a su carrera.
En el mundo laboral, la OIT documenta que el 53% de los desempleados en México son jóvenes; de los que trabajan, el 40% gana menos de dos salarios mínimos y la tercera parte percibe hasta un salario mínimo. El promedio salarial mensual de un egresado de maestría o doctorado es de 9 mil 272 pesos (ANUIES 2012).
Además México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Turquía e Israel. El informe del panorama de la educación 2013 de la OCDE revela que el 24.7% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela, un nivel que se ha mantenido por casi una década.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas son conscientes de que los jóvenes son un recurso humano fundamental y agentes efectivos del cambio para promover el desarrollo económico, social, tecnológico. Siendo que la juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan su reproducción, lo que implica en términos de política pública el enorme desafío de garantizar la satisfacción de sus necesidades y así permitirles mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades.
Consciente de ello y de que la juventud en México representa una oportunidad para el desarrollo económico y social del país -ya que es un sector vital-, el Gobierno de la República promueve acciones de cambio que permitan impulsar este desarrollo y generar cambios estructurales en la sociedad mexicana, que finalmente repercutirán positivamente en estos indicadores que hoy parecieran mostrar un futuro poco alentador.
Por lo que serán importantes las reformas y las estrategias promovidas por nuestro actual Gobierno y que impactan en este tema crucial para alcanzar un México prospero, equitativo y justo en el marco de los derechos humanos, de la multiculturalidad e igualdad de género.
En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, celebrándose por primera vez en el año 2000 con el propósito de revisar los alcances del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (PAMJ) aprobado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Actualmente, los jóvenes representan el 18% de la población mundial, es decir 1.296 millones de personas; el 87% de ellos viven en países en vías de desarrollo -en donde Asía representa casi el 60% y el 23% restante vive en regiones de África, América Latina y el Caribe-; en 2025 el número de jóvenes viviendo en los países en vías de desarrollo alcanzará el 89.5% de acuerdo a las prospectivas poblacionales.
En ese contexto, hay que tomar en cuenta que los jóvenes afrontan problemas generados por el acceso limitado a los recursos, el empleo, las oportunidades económicas además de acceso limitado a los servicios públicos como el suministro de agua potable, las carreteras, la asistencia sanitaria y la educación. Según el Informe sobre el Estado de la Juventud Mundial 2005, se estima que aproximadamente 11 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar por día y, 27.2 millones con menos de 2.
En México residen 20.2 millones de personas entre 15 y 24 años de edad, de los cuales 10.4 millones son adolescentes (de 15 a 19 años) y 9.8 son adultos jóvenes (de 20 a 24 años); siendo que en México la población considerada como jóvenes oscila entre los 15 y 29 años, suman casi 30 millones que representan cerca de la quinta parte de la población total del país, la cual ascendió a 108.4 millones de acuerdo al último censo en 2010.
Los proyectos gubernamentales que han pretendido resolver los problemas nacionales en los últimos años se han desentendido de las necesidades específicas de este sector de la población.
Los datos publicados por instancias oficiales nacionales e internacionales describen la problemática que vive la juventud en México: 30.3 millones de menores de edad viven con al menos una carencia social, 53.8% padecen pobreza y 25.3% sufren inseguridad alimentaria.
Según CONEVAL Y UNICEF, 5.1 millones de niños y adolescentes viven en pobreza extrema el 47.1% de los jóvenes trabaja, sólo el 26.7% estudia y el restante 26%(7.5 millones) no estudia ni trabaja.
En materia educativa, hay mucho por hacer pues 12.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no van a la escuela. Más del 90% de los aspirantes a ingresar a la UNAM son rechazados, situación similar se replica en la educación superior a nivel nacional; de los que ingresan sólo se titula el 39% (ANUIES 2008), lo que representa el 12% de los que ingresaron a la educación básica. Para los egresados de educación superior el panorama es desalentador ya que en la última década 40% están desempleados, en el subempleo o trabajan en una actividad ajena a su carrera.
En el mundo laboral, la OIT documenta que el 53% de los desempleados en México son jóvenes; de los que trabajan, el 40% gana menos de dos salarios mínimos y la tercera parte percibe hasta un salario mínimo. El promedio salarial mensual de un egresado de maestría o doctorado es de 9 mil 272 pesos (ANUIES 2012).
Además México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que no estudian ni trabajan, entre los 34 países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), solo por debajo de Turquía e Israel. El informe del panorama de la educación 2013 de la OCDE revela que el 24.7% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la escuela, un nivel que se ha mantenido por casi una década.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas son conscientes de que los jóvenes son un recurso humano fundamental y agentes efectivos del cambio para promover el desarrollo económico, social, tecnológico. Siendo que la juventud es la etapa en la cual los individuos se incorporan a la actividad económica, inician su vida en pareja y empiezan su reproducción, lo que implica en términos de política pública el enorme desafío de garantizar la satisfacción de sus necesidades y así permitirles mejorar su calidad de vida y potencializar sus capacidades.
Consciente de ello y de que la juventud en México representa una oportunidad para el desarrollo económico y social del país -ya que es un sector vital-, el Gobierno de la República promueve acciones de cambio que permitan impulsar este desarrollo y generar cambios estructurales en la sociedad mexicana, que finalmente repercutirán positivamente en estos indicadores que hoy parecieran mostrar un futuro poco alentador.
Por lo que serán importantes las reformas y las estrategias promovidas por nuestro actual Gobierno y que impactan en este tema crucial para alcanzar un México prospero, equitativo y justo en el marco de los derechos humanos, de la multiculturalidad e igualdad de género.
lunes, 5 de agosto de 2013
Por el reconocimiento de los pueblos indígenas
Por Alejandro Armenta Mier
En el tema de las etnias, México se reconoce de manera oficial como un país culturalmente diverso desde 1992 con las modificaciones al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora artículo 2º.
Esta diversidad basada en la coexistencia de pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de hablar, de pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la lengua es el principal medio. En el año 2000, el INEGI identificó alrededor de 60 lenguas indígenas, de las cuales un total de 23 contaban con una cantidad menor a los dos mil hablantes.
Siendo algunos de los factores históricos que han puesto en riesgo la reproducción de estas lenguas, la convivencia de manera desigual de los pueblos indígenas con la sociedad, las acciones que buscaban la homogeneidad entre las cuales se encontraban la sustitución de la lengua materna por el español en los centros escolares, y por supuesto los fenómenos sociales del racismo y la discriminación que han propiciado el abandono de los elementos de transmisión de la oralidad.
El 9 de agosto fue designado por la Asamblea General de la ONU como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo -celebración que se lleva a cabo desde 1995- teniendo como meta fortalecer la respuesta internacional a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, el desarrollo, la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente, entre otros.
En México, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) ha puesto interés en el riesgo de que éstas se extingan, por ello se propusieron estrategias que fortalezcan a aquellos pueblos interesados en la reactivación de sus lenguas además del reforzamiento de la tradición oral expresada a través de la poesía, la narrativa y los cantos.
Es primordial que como sociedad mexicana llevemos a cabo una reflexión en torno a las demandas que los pueblos indígenas han formulado en numerosas ocasiones: la necesidad de que se respeten y reconozcan sus derechos fundamentales; la conformación pluricultural de la nación; la posibilidad de un desarrollo económico propio y autónomo; la representatividad indígena en los ámbitos político y social; el derecho a mantener y desarrollar sus lenguas; y el fomentar y conservar prácticas culturales.
Las lenguas son el referente inmediato de cualquier sociedad indígena en nuestro país y en el mundo, siendo que es a través de las lenguas que se desencadenan los procesos de expresión simbólica que dan pie a las múltiples formas de expresar la diversidad cultural.
Sin duda alguna los pueblos indígenas ocupan un lugar significativo, representativo de la diversidad cultural y con una visión del mundo íntimamente vinculada a la vida, a la naturaleza y a la tierra.
Los pueblos indígenas coexisten con otros sectores sociales necesitados también de un cambio sustancial que les permita alcanzar mejores condiciones de vida, siendo la alianza entre estos una de las aristas del nuevo pacto social que busca lograr un Estado justo, intercultural, incluyente democrático y equitativo. Lo que implica construir políticas públicas en materia indígena, en las que intervengan las diversas instituciones del Estado mexicano y de la sociedad nacional.
Estamos viviendo un México en el que serán fundamentales las reformas del Estado Mexicano, de un Estado que reconozca la diversidad de los pueblos y garantice a todos sus ciudadanos la democracia, la justicia social, la igualdad y el respeto a la diversidad.
En el tema de las etnias, México se reconoce de manera oficial como un país culturalmente diverso desde 1992 con las modificaciones al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahora artículo 2º.
Esta diversidad basada en la coexistencia de pueblos indígenas que se distinguen por sus diferentes formas de hablar, de pensar, de actuar y de representar el mundo, para lo cual la lengua es el principal medio. En el año 2000, el INEGI identificó alrededor de 60 lenguas indígenas, de las cuales un total de 23 contaban con una cantidad menor a los dos mil hablantes.
Siendo algunos de los factores históricos que han puesto en riesgo la reproducción de estas lenguas, la convivencia de manera desigual de los pueblos indígenas con la sociedad, las acciones que buscaban la homogeneidad entre las cuales se encontraban la sustitución de la lengua materna por el español en los centros escolares, y por supuesto los fenómenos sociales del racismo y la discriminación que han propiciado el abandono de los elementos de transmisión de la oralidad.
El 9 de agosto fue designado por la Asamblea General de la ONU como el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo -celebración que se lleva a cabo desde 1995- teniendo como meta fortalecer la respuesta internacional a los problemas que enfrentan las poblaciones indígenas en áreas como los derechos humanos, el desarrollo, la educación, la salud, la cultura, el medio ambiente, entre otros.
En México, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) ha puesto interés en el riesgo de que éstas se extingan, por ello se propusieron estrategias que fortalezcan a aquellos pueblos interesados en la reactivación de sus lenguas además del reforzamiento de la tradición oral expresada a través de la poesía, la narrativa y los cantos.
Es primordial que como sociedad mexicana llevemos a cabo una reflexión en torno a las demandas que los pueblos indígenas han formulado en numerosas ocasiones: la necesidad de que se respeten y reconozcan sus derechos fundamentales; la conformación pluricultural de la nación; la posibilidad de un desarrollo económico propio y autónomo; la representatividad indígena en los ámbitos político y social; el derecho a mantener y desarrollar sus lenguas; y el fomentar y conservar prácticas culturales.
Las lenguas son el referente inmediato de cualquier sociedad indígena en nuestro país y en el mundo, siendo que es a través de las lenguas que se desencadenan los procesos de expresión simbólica que dan pie a las múltiples formas de expresar la diversidad cultural.
Sin duda alguna los pueblos indígenas ocupan un lugar significativo, representativo de la diversidad cultural y con una visión del mundo íntimamente vinculada a la vida, a la naturaleza y a la tierra.
Los pueblos indígenas coexisten con otros sectores sociales necesitados también de un cambio sustancial que les permita alcanzar mejores condiciones de vida, siendo la alianza entre estos una de las aristas del nuevo pacto social que busca lograr un Estado justo, intercultural, incluyente democrático y equitativo. Lo que implica construir políticas públicas en materia indígena, en las que intervengan las diversas instituciones del Estado mexicano y de la sociedad nacional.
Estamos viviendo un México en el que serán fundamentales las reformas del Estado Mexicano, de un Estado que reconozca la diversidad de los pueblos y garantice a todos sus ciudadanos la democracia, la justicia social, la igualdad y el respeto a la diversidad.
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