Por: Alejandro Armenta Mier
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la discriminación constituye una forma de exclusión social que no se limita a la raza, ya que también tiene que ver con situaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales.
Es así que todas aquellas acciones, conductas y actitudes que tenga por objeto la distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana, siendo ésta una situación a la que se enfrenta millones de personas en el mundo.
Nadie tiene el derecho a discriminar a nadie por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza.
En este contexto vale la pena recordar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, tras el asesinato de 69 personas -entre ellas mujeres y niños- en ese día pero de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cuando realizaban una manifestación contra la "Ley de Pases", promulgada por el régimen racista del Apartheid.
Es así, que las Naciones Unidas contra la Discriminación (CERD) y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden mundial para ayudar a la eliminación del racismo como la Convención Internacional firmada por México en 1966, y entró en vigor en 1969.
Por su parte, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales aprobada por la UNESCO en 1978 prohíbe que las posibles diferencias entre los pueblos -tales como los factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales- propicien jerarquizaciones entre naciones y pueblos.
Lamentablemente la discriminación racial es un problema que nos aqueja a los mexicanos pues a pesar de la existencia del marco normativo nacional e internacional descrito que reconoce la pluriculturalidad, que prohíbe la discriminación y promueve expresamente su eliminación, los pueblos indígenas son relegados.
En nuestro país hay 15.7 millones de personas que se consideran indígenas -el 6.9 por ciento hablan alguna lengua indígena, el 27 por ciento de la población de habla indígena de 15 años o más no sabe leer ni escribir y que sólo el 47.2 por ciento de quienes tienen 12 años o más se encuentran ocupados- y 75 de cada 100 personas hablantes de lengua indígena no son derechohabientes a servicios de salud a nivel nacional; del 25% del universo que sí es derechohabiente de tales servicios, 45 de cada 100 lo son por parte del Seguro Popular según el Censo de Población y Vivienda 2010.
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL 2008) plantean que la situación de la pobreza multidimensional de la población de habla indígena presenta matices negativos de desarrollo ya que por un lado, la pobreza multidimensional extrema representó el 39.2% del total de la población de habla indígena
-lo cual la posiciona 6.7 puntos porcentuales por encima de la población de adultos mayores, 26.1 puntos porcentuales por encima de la población de menores de edad- y 28.7 por ciento por encima del promedio nacional.
Es así, que la marginación y la discriminación de las que son objeto los grupos indígenas constituyen un fenómeno innegable, resultado del menosprecio que se les ha ejercido como personas, pueblos y comunidades, generando una profunda injusticia y pérdida de riqueza cultural ya que estas acciones han provocado que muchos jóvenes indígenas se alejen de sus costumbres, oficios, no quieran hablar lengua, ni usar las vestimentas propias de sus pueblos.
De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México hay casi 7 millones de indígenas y 450 mil afromexicanos expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física.
El Documento Informativo sobre Discriminación Racial en México, elaborado por el CONAPRED indica que el 54.8% de los mexicanos afirma que a las personas se les insulta por su color de piel, 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel, 23% de los mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas de otra raza.
Es evidente que en México se requiere no sólo fortalecer las políticas y planes de acción efectivos para prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, sino instrumentar mecanismos en que el Estado, sus gobernantes y la sociedad civil colaboren en la búsqueda de un cambio de conciencia en la sociedad mexicana, que permita generar cooperación y respeto a la dignidad de todas las personas por igual revirtiendo estas prácticas que impiden que en México exista cohesión social basada en el reconocimiento igualitario y el respeto absoluto de las personas y sus derechos.
martes, 26 de marzo de 2013
martes, 19 de marzo de 2013
La Reforma Migratoria: Hacia una vinculación con la identidad
Por: Alejandro Armenta Mier
Hay muchas voces que expresan en diversos momentos y espacios que el 2013 es el año de la reforma migratoria; de nueva cuenta se han formado muchas expectativas en torno a esta iniciativa de ley que impulsa el Presidente Republicano de Estados Unidos, Barack Obama.
Esas voces, concentradas en 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, representan el compromiso que tiene el presidente norteamericano por concretar sus promesas de campaña en beneficios reales que ayuden a ese gran segmento de población a mejorar sus condiciones de vida.
Sin duda, el tema ha sido un referente directo de Obama en las dos contiendas electorales que atravesó y que capitalizó en su última campaña, pues no es fortuito que en esta segunda vuelta el 71% de los latinos le dieron su voto tras la promesa de que este 2013 la reforma migratoria sería una realidad envuelta en la esperanza y el cambio.
Hay que mencionar que en la historia reciente de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de migrantes, sólo 2 presidentes del vecino país del norte - Ronald Wilson Reagan y George Walker Bush- han impulsado de manera contundente una reforma migratoria con beneficios no sólo para la comunidad latina, sino para los mexicanos que residen allá. El primero de ellos logró la única reforma migratoria integral en Estados Unidos en 1986, y el esfuerzo de Bush fue fallido por las circunstancias de Seguridad Nacional que implicó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011
El tema de los mexicanos toma fuerza debido a que -desde hace 5 años- es la primera minoría de la Unión Americana, sobre la comunidad llamada afroamericana.
A decir de algunos estudiosos de la materia, las reformas en beneficio de los migrantes son más susceptibles de materializarse mediante gobiernos o acciones de políticos conservadores o republicanos que mediante acciones del partido liberal o demócrata; la razón pareciera muy sencilla de explicarse y , en consecuencia, de entenderse.
El republicano querría regularizar la estancia de quien le deja beneficios económicos, es decir la comunidad migrante que ofrece mano barata y de mayor calidad; en tanto que el liberal le interesa proteger los derechos de sus ciudadanos traducidos en empleo, seguridad e impuestos. Un posible ejemplo de ello es que el Presidente Obama ha sido el mandatario que -pese a la promesa reiterada de una reforma migratoria- más indocumentados ha deportado pues la cifra alcanza el millón 600 mil, casi 400 mil por año.
Independientemente de la vicisitud de comprensión que representa la ideología tras la acción en pro o en contra de la comunidad emigrante, la promesa y más reciente expectativa de una reforma migratoria impulsada por Barack Hussein Obama, es inminente.
Cierto también es que el voto de los latinos ya puede definir una elección presidencial en territorio norteamericano, y que esa sola -pero importantísima- circunstancia merece que se les cumpla la promesa de una mejor vida, la tan trillada frase del American Dream.
Parte del American Dream es obtener la ciudadanía de ese país; proceso que implica una gestión administrativa ante la Secretaría de Estado, pues la calidad de ciudadano cuando no es por nacimiento, al igual que en México, la tiene que otorgar la autoridad central.
Y es en este sentido cuando no podemos perder de vista que uno de los tantos trámites que se deben realizar es el pasaporte como documento de Identidad que deberá ser presentado para la consecución de dicho fin.
De ahí que la vinculación de la identidad, el beneficio social y la comunidad migrante representan uno de los retos en esta reforma migratoria pues del universo de 11 millones indocumentados que podrían verse beneficiados, más de 6 millones serían de origen mexicano.
La actividad del Estado Mexicano sería de 2 formas complementarias, una con el Gobierno de los Estados Unidos de América y otra, más importante, en el contexto nacional; por un lado coadyuvando con el vecino país para garantizar la identidad de los portadores del pasaporte mexicano y, por otro lado -muy importante- garantizándole al connacional la posibilidad de acceder al beneficio de dicha reforma mediante un eficiente sistema que les permita obtener documentos de identidad e identificación como lo son el acta de nacimiento y el pasaporte.
Debe ser reconocido el interés del Gobierno de la República para tener la capacidad de asistir al connacional en su propósito de alcanzar esos beneficios y de estar también en posibilidad de exigir el reconocimiento a los derechos humanos, verbigracia, los de los connacionales indocumentados, adicionalmente a la tranquilidad que se generaría a los familiares de aquel migrante que estando en México tendrían la confianza de que su familiar tiene regularizada su situación migratoria. Eso es ganar, ganar.
Los derechos humanos, el tránsito de bienes, cultura, tradición y las remesas deben tener de titulares a la persona, al connacional; es por ello que el doble deber del Estado es reconocer y garantizar la identidad y posteriormente exigir el respeto a otros derechos considerados como fundamentales.
Nuevamente hay grandes expectativas sobre una posible reforma migratoria. La historia nos dice que lograrlo es muy complicado, pero siempre será esperanzador y bienvenido.
El Estado Mexicano debe doblemente garantizar la identidad, primordialmente a sus nacionales donde quiera que ellos se encuentren y, en segunda instancia, al Estado que les albergará inclusive como sus nacionales. Por último, debe estar en la posibilidad material y jurídica de cubrir la demanda -que de la comunidad migrante- emane con esa expectativa.
Ese deber del Estado de brindar tanto la posibilidad como la seguridad jurídica de adquirir y ostentar una identidad se debe traducir en un deber y un principio de justicia social.
Hay muchas voces que expresan en diversos momentos y espacios que el 2013 es el año de la reforma migratoria; de nueva cuenta se han formado muchas expectativas en torno a esta iniciativa de ley que impulsa el Presidente Republicano de Estados Unidos, Barack Obama.
Esas voces, concentradas en 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, representan el compromiso que tiene el presidente norteamericano por concretar sus promesas de campaña en beneficios reales que ayuden a ese gran segmento de población a mejorar sus condiciones de vida.
Sin duda, el tema ha sido un referente directo de Obama en las dos contiendas electorales que atravesó y que capitalizó en su última campaña, pues no es fortuito que en esta segunda vuelta el 71% de los latinos le dieron su voto tras la promesa de que este 2013 la reforma migratoria sería una realidad envuelta en la esperanza y el cambio.
Hay que mencionar que en la historia reciente de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de migrantes, sólo 2 presidentes del vecino país del norte - Ronald Wilson Reagan y George Walker Bush- han impulsado de manera contundente una reforma migratoria con beneficios no sólo para la comunidad latina, sino para los mexicanos que residen allá. El primero de ellos logró la única reforma migratoria integral en Estados Unidos en 1986, y el esfuerzo de Bush fue fallido por las circunstancias de Seguridad Nacional que implicó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011
El tema de los mexicanos toma fuerza debido a que -desde hace 5 años- es la primera minoría de la Unión Americana, sobre la comunidad llamada afroamericana.
A decir de algunos estudiosos de la materia, las reformas en beneficio de los migrantes son más susceptibles de materializarse mediante gobiernos o acciones de políticos conservadores o republicanos que mediante acciones del partido liberal o demócrata; la razón pareciera muy sencilla de explicarse y , en consecuencia, de entenderse.
El republicano querría regularizar la estancia de quien le deja beneficios económicos, es decir la comunidad migrante que ofrece mano barata y de mayor calidad; en tanto que el liberal le interesa proteger los derechos de sus ciudadanos traducidos en empleo, seguridad e impuestos. Un posible ejemplo de ello es que el Presidente Obama ha sido el mandatario que -pese a la promesa reiterada de una reforma migratoria- más indocumentados ha deportado pues la cifra alcanza el millón 600 mil, casi 400 mil por año.
Independientemente de la vicisitud de comprensión que representa la ideología tras la acción en pro o en contra de la comunidad emigrante, la promesa y más reciente expectativa de una reforma migratoria impulsada por Barack Hussein Obama, es inminente.
Cierto también es que el voto de los latinos ya puede definir una elección presidencial en territorio norteamericano, y que esa sola -pero importantísima- circunstancia merece que se les cumpla la promesa de una mejor vida, la tan trillada frase del American Dream.
Parte del American Dream es obtener la ciudadanía de ese país; proceso que implica una gestión administrativa ante la Secretaría de Estado, pues la calidad de ciudadano cuando no es por nacimiento, al igual que en México, la tiene que otorgar la autoridad central.
Y es en este sentido cuando no podemos perder de vista que uno de los tantos trámites que se deben realizar es el pasaporte como documento de Identidad que deberá ser presentado para la consecución de dicho fin.
De ahí que la vinculación de la identidad, el beneficio social y la comunidad migrante representan uno de los retos en esta reforma migratoria pues del universo de 11 millones indocumentados que podrían verse beneficiados, más de 6 millones serían de origen mexicano.
La actividad del Estado Mexicano sería de 2 formas complementarias, una con el Gobierno de los Estados Unidos de América y otra, más importante, en el contexto nacional; por un lado coadyuvando con el vecino país para garantizar la identidad de los portadores del pasaporte mexicano y, por otro lado -muy importante- garantizándole al connacional la posibilidad de acceder al beneficio de dicha reforma mediante un eficiente sistema que les permita obtener documentos de identidad e identificación como lo son el acta de nacimiento y el pasaporte.
Debe ser reconocido el interés del Gobierno de la República para tener la capacidad de asistir al connacional en su propósito de alcanzar esos beneficios y de estar también en posibilidad de exigir el reconocimiento a los derechos humanos, verbigracia, los de los connacionales indocumentados, adicionalmente a la tranquilidad que se generaría a los familiares de aquel migrante que estando en México tendrían la confianza de que su familiar tiene regularizada su situación migratoria. Eso es ganar, ganar.
Los derechos humanos, el tránsito de bienes, cultura, tradición y las remesas deben tener de titulares a la persona, al connacional; es por ello que el doble deber del Estado es reconocer y garantizar la identidad y posteriormente exigir el respeto a otros derechos considerados como fundamentales.
Nuevamente hay grandes expectativas sobre una posible reforma migratoria. La historia nos dice que lograrlo es muy complicado, pero siempre será esperanzador y bienvenido.
El Estado Mexicano debe doblemente garantizar la identidad, primordialmente a sus nacionales donde quiera que ellos se encuentren y, en segunda instancia, al Estado que les albergará inclusive como sus nacionales. Por último, debe estar en la posibilidad material y jurídica de cubrir la demanda -que de la comunidad migrante- emane con esa expectativa.
Ese deber del Estado de brindar tanto la posibilidad como la seguridad jurídica de adquirir y ostentar una identidad se debe traducir en un deber y un principio de justicia social.
Reconociendo a la mujer mexicana
Por el Mtro. Alejandro Armenta Mier
Marzo es un mes especial en el calendario ya que representa la oportunidad de rendir un merecido homenaje a las mujeres en los diversos contextos de su quehacer cotidiano. Sin duda se han destacado en la ciencia e investigación, en el deporte, en la ecología, en la política, en el arte, la cultura y el periodismo, entre otras actividades.
De los 3.042 millones de mujeres en el mundo, estimados en el último censo mundial, el 30% vive en zonas urbanas y 70% en zonas rurales. El camino ha sido difícil, con logros parciales e intermitentes, pues seguimos siendo una sociedad donde todavía persisten bastantes resquicios de un machismo que no termina de asumir que las mujeres puedan ser iguales que los hombres.
Se calcula que más de 400 millones de mujeres vive en extrema pobreza y soportan hambre crónica en el mundo. En México habitan 57.5 millones de mujeres, de las que se estima que 12.3 millones son mujeres rurales; 6.9 millones son mujeres indígenas y casi 6 millones de mujeres mexicanas han migrado a estados unidos; 17.5 millones de mujeres participa en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (PEA), trabajando más de 40 horas semanales en promedio, aparte de de invertir 27 horas a la semana en los quehaceres domésticos de su propio hogar, y alrededor de 25 horas en el cuidado de niños, enfermos y ancianos.
México presenta grandes rezagos y profundas desigualdades, según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (CONAPRED 2010), las mujeres perciben que los principales problemas a que se enfrentan son los relacionados con el empleo, con la inseguridad y con el abuso, acoso, maltrato y violencia; sin descartar también problemas de segregación por ser mujeres, problemas de dinero, de educación, de salud y escasez de apoyo a las mujeres.
Miremos a nuestro alrededor, a las mujeres de nuestras familias y comunidades, reflexionemos que existe una alta probabilidad de que muchas de ellas hayan sido víctimas de violencia y discriminación; otras han consolado a una hermana o amiga compartiendo su dolor y enojo tras haber sufrido una agresión.
“No pueden vivir en el temor a la violencia” es el exhorto que el Presidente de México Enrique Peña Nieto le hace a las mujeres, sustentado en el principio fundamental de igualdad con la sólida premisa de que todas –mujeres y niñas- tienen el derecho de vivir sin agresiones de ningún tipo; lo que sin duda lo coloca como “un aliado de las mujeres y un facilitador de las políticas incluyentes.
Somos un país en el que tres de cada 10 hogares tienen mujeres como proveedoras principales, siendo estas familias más susceptibles a experimentar carencias en acceso a la alimentación. Se calcula que de la población femenina mexicana, 13.8 millones se encuentran en pobreza alimentaria, 20.7 en pobreza de capacidades y 42.6 en pobreza patrimonial.
Por eso la importancia de que las sociedades, asociaciones, agrupaciones femeninas y el gobierno mexicano sigan esforzándose por lograr una mayor coordinación, fomentando programas de trabajo y bases de acción bien definidos con miras al mejoramiento de la situación de la mujer.
Más allá de una fecha, se tiene el compromiso permanente -tanto en México como en el mundo- de examinar las acciones emprendidas en beneficio de las mujeres, teniendo como eje central la equidad de género, la atención a la salud, la educación, la vivienda y el empleo para su desarrollo e integración a la sociedad.
A pesar de que se observan notables avances en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, gracias a una promoción enérgica, la adopción de medidas prácticas y la formulación de políticas públicas, debemos educar para forjar nuevas normas y conductas.
Es nuestro deber buscar que las demandas de la población femenina sean atendidas, que se resuelva el problema de rezago económico y social en el que viven luchando por la equidad de género, ya que la brecha existente las hace vulnerables y les da menores oportunidades en comparación a los hombres, derivado de la diferencia de acceso a recursos provenientes de programas públicos y materias primas. Por eso la importancia de incluir a las mujeres en la agenda para que, a través de los diferentes órganos gubernamentales, se logre el desarrollo que permita cerrar la brecha de género en los mercados de trabajo.
El compromiso es trabajar por leyes fuertes y políticas para su aplicación efectiva, abrir espacios en la política social, la economía, el sistema de justicia y de educación para que las mujeres desarrollen todas sus capacidades.
Una de las deudas sociales de México es con sus mujeres, por lo que debemos apoyarlas para que sean líderes en todos los campos del quehacer humano, empoderarlas y garantizar la igualdad.
Sólo cuando las mujeres participen plenamente y en pie de igualdad en todos los sectores, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y la participación equitativa -especialmente en la toma de decisiones- podremos tener la sociedad sostenible, pacífica y justa.
Debemos levantar nuestras voces y decir NO a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.
NO al feminicidio.
NO a la impunidad.
Sí a la paz, a los derechos humanos, a la justicia y a la igualdad.
Marzo es un mes especial en el calendario ya que representa la oportunidad de rendir un merecido homenaje a las mujeres en los diversos contextos de su quehacer cotidiano. Sin duda se han destacado en la ciencia e investigación, en el deporte, en la ecología, en la política, en el arte, la cultura y el periodismo, entre otras actividades.
De los 3.042 millones de mujeres en el mundo, estimados en el último censo mundial, el 30% vive en zonas urbanas y 70% en zonas rurales. El camino ha sido difícil, con logros parciales e intermitentes, pues seguimos siendo una sociedad donde todavía persisten bastantes resquicios de un machismo que no termina de asumir que las mujeres puedan ser iguales que los hombres.
Se calcula que más de 400 millones de mujeres vive en extrema pobreza y soportan hambre crónica en el mundo. En México habitan 57.5 millones de mujeres, de las que se estima que 12.3 millones son mujeres rurales; 6.9 millones son mujeres indígenas y casi 6 millones de mujeres mexicanas han migrado a estados unidos; 17.5 millones de mujeres participa en la generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (PEA), trabajando más de 40 horas semanales en promedio, aparte de de invertir 27 horas a la semana en los quehaceres domésticos de su propio hogar, y alrededor de 25 horas en el cuidado de niños, enfermos y ancianos.
México presenta grandes rezagos y profundas desigualdades, según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (CONAPRED 2010), las mujeres perciben que los principales problemas a que se enfrentan son los relacionados con el empleo, con la inseguridad y con el abuso, acoso, maltrato y violencia; sin descartar también problemas de segregación por ser mujeres, problemas de dinero, de educación, de salud y escasez de apoyo a las mujeres.
Miremos a nuestro alrededor, a las mujeres de nuestras familias y comunidades, reflexionemos que existe una alta probabilidad de que muchas de ellas hayan sido víctimas de violencia y discriminación; otras han consolado a una hermana o amiga compartiendo su dolor y enojo tras haber sufrido una agresión.
“No pueden vivir en el temor a la violencia” es el exhorto que el Presidente de México Enrique Peña Nieto le hace a las mujeres, sustentado en el principio fundamental de igualdad con la sólida premisa de que todas –mujeres y niñas- tienen el derecho de vivir sin agresiones de ningún tipo; lo que sin duda lo coloca como “un aliado de las mujeres y un facilitador de las políticas incluyentes.
Somos un país en el que tres de cada 10 hogares tienen mujeres como proveedoras principales, siendo estas familias más susceptibles a experimentar carencias en acceso a la alimentación. Se calcula que de la población femenina mexicana, 13.8 millones se encuentran en pobreza alimentaria, 20.7 en pobreza de capacidades y 42.6 en pobreza patrimonial.
Por eso la importancia de que las sociedades, asociaciones, agrupaciones femeninas y el gobierno mexicano sigan esforzándose por lograr una mayor coordinación, fomentando programas de trabajo y bases de acción bien definidos con miras al mejoramiento de la situación de la mujer.
Más allá de una fecha, se tiene el compromiso permanente -tanto en México como en el mundo- de examinar las acciones emprendidas en beneficio de las mujeres, teniendo como eje central la equidad de género, la atención a la salud, la educación, la vivienda y el empleo para su desarrollo e integración a la sociedad.
A pesar de que se observan notables avances en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer, gracias a una promoción enérgica, la adopción de medidas prácticas y la formulación de políticas públicas, debemos educar para forjar nuevas normas y conductas.
Es nuestro deber buscar que las demandas de la población femenina sean atendidas, que se resuelva el problema de rezago económico y social en el que viven luchando por la equidad de género, ya que la brecha existente las hace vulnerables y les da menores oportunidades en comparación a los hombres, derivado de la diferencia de acceso a recursos provenientes de programas públicos y materias primas. Por eso la importancia de incluir a las mujeres en la agenda para que, a través de los diferentes órganos gubernamentales, se logre el desarrollo que permita cerrar la brecha de género en los mercados de trabajo.
El compromiso es trabajar por leyes fuertes y políticas para su aplicación efectiva, abrir espacios en la política social, la economía, el sistema de justicia y de educación para que las mujeres desarrollen todas sus capacidades.
Una de las deudas sociales de México es con sus mujeres, por lo que debemos apoyarlas para que sean líderes en todos los campos del quehacer humano, empoderarlas y garantizar la igualdad.
Sólo cuando las mujeres participen plenamente y en pie de igualdad en todos los sectores, con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y la participación equitativa -especialmente en la toma de decisiones- podremos tener la sociedad sostenible, pacífica y justa.
Debemos levantar nuestras voces y decir NO a la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas.
NO al feminicidio.
NO a la impunidad.
Sí a la paz, a los derechos humanos, a la justicia y a la igualdad.
martes, 5 de marzo de 2013
La gobernabilidad en México: una nueva etapa
Por el Mtro. Alejandro Armenta Mier
.La nueva gobernabilidad en México tiene como característica básica el interés del Gobierno de la República para construir pactos que dirijan a la sociedad a un proceso de acciones eficaces donde los actores políticos y económicos tengan una corresponsabilidad en esa nueva dinámica.
La gobernabilidad es definida por el Banco Mundial como el conjunto de tradiciones e instituciones por medio de los cuales es ejercida la autoridad en un país. Esto incluye el proceso mediante el cual el gobierno es seleccionado, vigilado y reemplazado; la capacidad del gobierno para formular e implementar de forma efectiva políticas públicas; así como el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que regulan la interacción política, social y económica que se da entre ellos.
Desde esta perspectiva, fortalecer la gobernabilidad es una tarea de gobierno en la que contribuyen los partidos, los grupos de presión y demás actores políticos, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y que implica la práctica del diálogo para la generación de acuerdos y consensos que permitan alcanzar un nivel aceptable.
La crisis económica y social, la declinación del Estado de Bienestar, la violencia, la corrupción, el descrédito de los partidos políticos y la incapacidad del estado para responder a las demandas sociales son factores que llevaron a México a un poner en riesgo su gobernabilidad, provocando una crisis del modelo tradicional. Por ello, el Gobierno de la República proyectó el cumplimiento de compromisos que se antepusieran a los intereses de orden particular, privado o partidario, en virtud de lograr acuerdos esenciales materializados en reformas estructurales que aceleren el desarrollo de México
Prueba evidente de este nuevo matiz en la gobernanza mexicana es el Pacto por México, instrumento fundamental para impulsar la transformación con una voluntad compartida de las principales fuerzas políticas del país y del Gobierno de la República en la búsqueda de mayores oportunidades con el fin único de promover el progreso del país.
Es así, como el Presidente Enrique Peña Nieto -asume de manera inédita- el mandato que le otorgaron los mexicanos en las pasadas elecciones con compromiso y la responsabilidad al suscribir junto con las tres principales fuerzas políticas del país -PRI, PAN y PRD- el “Pacto por México” como la vía para la construcción de un futuro alternativo y como la única forma de innovación política capaz de lograr la reconciliación nacional a través de cinco grandes acuerdos que a su vez contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales:
Sociedad de Derechos
Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad
Seguridad y Justicia
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
Gobernabilidad Democrática. Los que a su vez, contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales.
Acuerdos que impulsarán reformas en las que se observan una mayor responsabilidad en los procesos de los distintos niveles del Estado, ante un escenario de nuevas demandas ciudadanas que ya no se localizan en el actor colectivo clásico sino en actores sociales que participan en el marco democrático, que esperan eficiencia y calidad de la política pública y que se presentan más cercanos, informados, empoderados y comunicados a través de las redes sociales, exigentes de respuestas adecuadas a sus demandas y necesidades.
Es evidente que la gobernabilidad mexicana no se decretó, siendo que el Gobierno de la República obtuvo legitimidad plena de su autoridad mediante el voto de los ciudadanos en las urnas; sin embargo es necesario entender que legitimidad y gobernanza son nociones de políticas distintas, ya que la gobernanza se consigue mediante consenso democrático en medio del debate.
Es una tarea de conciliación y convergencia de agendas que propone coordinar el proceso de toma de decisiones por medio del pacto de los diferentes actores políticos sin importar sus divergencias, además de considerar no sólo la calidad de la gestión pública: eficiencia, eficacia y transparencia pública sino también de evaluar la capacidad de actuar según los principios democráticos.
Las dimensiones que abarcan los acuerdos son similares a las propuestas por el Banco Mundial como indicadores del grado de gobernabilidad expuesto por un sistema político. De acuerdo con esta línea, la evaluación obtenida por México en promedio es reprobatoria 45.58 en el año 2011 y para cada uno de los seis indicadores de gobernabilidad se tuvieron los siguientes datos:
Voz y Rendición de Cuentas. Mide derechos humanos, políticos y civiles: 52.13
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Mide la posibilidad de amenazas violentas a, o cambios en, el gobierno, incluyendo el terrorismo: 22.64
Efectividad Gubernamental. Mide la competencia de la burocracia y la calidad de la prestación de servicios públicos: 61.72
Calidad Regulatoria. Mide la incidencia de políticas hostiles al mercado: 58.85
Estado de Derecho. Mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo la independencia judicial, y la incidencia del crimen: 33.65
Control de la Corrupción. Mide el abuso del poder público para el beneficio privado, incluyendo la corrupción menor y en gran escala (y la captura del estado por las élites): 44.50
Ante este panorama, el reto es colosal pues requiere de una extraordinaria capacidad de innovación y operación política, ya que su complejidad reside precisamente en el número y pluralidad de actores y demandas, en los niveles de polarización política así como en la existencia de agendas políticas distintas y con diferentes grados de radicalidad.
Sin duda, el proceso de cambio político que hoy vive México representa uno de los episodios con mayor carga política y simbólica en toda la historia reciente. Este proceso va a estar marcado por los esfuerzos para la ampliación de espacios de participación para la sociedad.
El trabajo es arduo y prolongado ya que el principal reto se va a centrar en la capacidad de inclusión de los distintos intereses de los grupos, las organizaciones y los líderes representativos; sin embargo el futuro es de esperanza para nuestro país por lo que esta nueva etapa en la gobernabilidad está marcada por el consenso, el diálogo y el acuerdo entre los actores y fuerzas políticas en la búsqueda de la consolidación de México.
.La nueva gobernabilidad en México tiene como característica básica el interés del Gobierno de la República para construir pactos que dirijan a la sociedad a un proceso de acciones eficaces donde los actores políticos y económicos tengan una corresponsabilidad en esa nueva dinámica.
La gobernabilidad es definida por el Banco Mundial como el conjunto de tradiciones e instituciones por medio de los cuales es ejercida la autoridad en un país. Esto incluye el proceso mediante el cual el gobierno es seleccionado, vigilado y reemplazado; la capacidad del gobierno para formular e implementar de forma efectiva políticas públicas; así como el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que regulan la interacción política, social y económica que se da entre ellos.
Desde esta perspectiva, fortalecer la gobernabilidad es una tarea de gobierno en la que contribuyen los partidos, los grupos de presión y demás actores políticos, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y que implica la práctica del diálogo para la generación de acuerdos y consensos que permitan alcanzar un nivel aceptable.
La crisis económica y social, la declinación del Estado de Bienestar, la violencia, la corrupción, el descrédito de los partidos políticos y la incapacidad del estado para responder a las demandas sociales son factores que llevaron a México a un poner en riesgo su gobernabilidad, provocando una crisis del modelo tradicional. Por ello, el Gobierno de la República proyectó el cumplimiento de compromisos que se antepusieran a los intereses de orden particular, privado o partidario, en virtud de lograr acuerdos esenciales materializados en reformas estructurales que aceleren el desarrollo de México
Prueba evidente de este nuevo matiz en la gobernanza mexicana es el Pacto por México, instrumento fundamental para impulsar la transformación con una voluntad compartida de las principales fuerzas políticas del país y del Gobierno de la República en la búsqueda de mayores oportunidades con el fin único de promover el progreso del país.
Es así, como el Presidente Enrique Peña Nieto -asume de manera inédita- el mandato que le otorgaron los mexicanos en las pasadas elecciones con compromiso y la responsabilidad al suscribir junto con las tres principales fuerzas políticas del país -PRI, PAN y PRD- el “Pacto por México” como la vía para la construcción de un futuro alternativo y como la única forma de innovación política capaz de lograr la reconciliación nacional a través de cinco grandes acuerdos que a su vez contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales:
Sociedad de Derechos
Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad
Seguridad y Justicia
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
Gobernabilidad Democrática. Los que a su vez, contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales.
Acuerdos que impulsarán reformas en las que se observan una mayor responsabilidad en los procesos de los distintos niveles del Estado, ante un escenario de nuevas demandas ciudadanas que ya no se localizan en el actor colectivo clásico sino en actores sociales que participan en el marco democrático, que esperan eficiencia y calidad de la política pública y que se presentan más cercanos, informados, empoderados y comunicados a través de las redes sociales, exigentes de respuestas adecuadas a sus demandas y necesidades.
Es evidente que la gobernabilidad mexicana no se decretó, siendo que el Gobierno de la República obtuvo legitimidad plena de su autoridad mediante el voto de los ciudadanos en las urnas; sin embargo es necesario entender que legitimidad y gobernanza son nociones de políticas distintas, ya que la gobernanza se consigue mediante consenso democrático en medio del debate.
Es una tarea de conciliación y convergencia de agendas que propone coordinar el proceso de toma de decisiones por medio del pacto de los diferentes actores políticos sin importar sus divergencias, además de considerar no sólo la calidad de la gestión pública: eficiencia, eficacia y transparencia pública sino también de evaluar la capacidad de actuar según los principios democráticos.
Las dimensiones que abarcan los acuerdos son similares a las propuestas por el Banco Mundial como indicadores del grado de gobernabilidad expuesto por un sistema político. De acuerdo con esta línea, la evaluación obtenida por México en promedio es reprobatoria 45.58 en el año 2011 y para cada uno de los seis indicadores de gobernabilidad se tuvieron los siguientes datos:
Voz y Rendición de Cuentas. Mide derechos humanos, políticos y civiles: 52.13
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Mide la posibilidad de amenazas violentas a, o cambios en, el gobierno, incluyendo el terrorismo: 22.64
Efectividad Gubernamental. Mide la competencia de la burocracia y la calidad de la prestación de servicios públicos: 61.72
Calidad Regulatoria. Mide la incidencia de políticas hostiles al mercado: 58.85
Estado de Derecho. Mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo la independencia judicial, y la incidencia del crimen: 33.65
Control de la Corrupción. Mide el abuso del poder público para el beneficio privado, incluyendo la corrupción menor y en gran escala (y la captura del estado por las élites): 44.50
Ante este panorama, el reto es colosal pues requiere de una extraordinaria capacidad de innovación y operación política, ya que su complejidad reside precisamente en el número y pluralidad de actores y demandas, en los niveles de polarización política así como en la existencia de agendas políticas distintas y con diferentes grados de radicalidad.
Sin duda, el proceso de cambio político que hoy vive México representa uno de los episodios con mayor carga política y simbólica en toda la historia reciente. Este proceso va a estar marcado por los esfuerzos para la ampliación de espacios de participación para la sociedad.
El trabajo es arduo y prolongado ya que el principal reto se va a centrar en la capacidad de inclusión de los distintos intereses de los grupos, las organizaciones y los líderes representativos; sin embargo el futuro es de esperanza para nuestro país por lo que esta nueva etapa en la gobernabilidad está marcada por el consenso, el diálogo y el acuerdo entre los actores y fuerzas políticas en la búsqueda de la consolidación de México.
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