lunes, 24 de junio de 2013

En la lucha contra el uso y el tráfico ilícito de drogas

Por Alejandro Armenta Mier

El consumo de drogas es un grave problema que enfrenta la población, pues muchas de éstas que comenzaron siendo legales o creadas para fines médicos se han convertido en calamidades sociales. Al margen de los efectos negativos en la salud y a nivel sociológico que las drogas ilegales tienen sobre nuestra sociedad, existen numerosos daños colaterales.

Un claro ejemplo de estos daños se ve en las estructuras económicas de los países productores de droga, ya que resulta mucho más lucrativo que la plantación de otros productos legales, llevando a los campesinos al empobrecimiento, al descuido del sector agrario además del enriquecimiento y la proliferación de las mafias, destruyendo el tejido socioeconómico de las regiones productoras.

Otro de los grandes efectos negativos de las drogas sobre la población civil consiste en el aumento de la delincuencia y el contrabando, cuestiones que han terminado con muchas familias y comunidades en múltiples lugares del mundo.

De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se calcula que cada año 210 millones de personas, es decir, el 5% de la población adulta mundial consumen drogas ilícitas y, de ellas, mueren 200 mil. El consumo y el tráfico de drogas constituyen una amenaza no sólo para la salud sino también para la estabilidad global y el desarrollo socioeconómico en todo el mundo, así como un gran obstáculo para el desarrollo.

El uso indebido de drogas es uno de los veinte principales factores de riesgo para la salud a nivel mundial y uno de los diez más importantes en los países desarrollados. Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo -cada vez mayor- de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH/SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las enfermedades cardiovasculares. Alrededor de 3 millones de consumidores de drogas inyectables son seropositivos (Informe Mundial de las drogas 2012).

Las principales adicciones en México son a la marihuana, cocaína, alucinógenos, inhalables, estimulantes de tipo anfetamínico, alcohol y tabaco. Sumando unos 27 millones de personas con dependencia a la heroína y la cocaína.
La Encuesta Nacional de Adicciones del 2011 indica que en el último año el 1.8% de la población total en México consumió algún tipo de droga, ya sea médica o ilegal. La edad  promedio del inicio del consumo de drogas 18.8  años entre la población de 12 a 65 años, 18.5 en hombres y 20.1 en mujeres.  De las personas que tienen dependencia a drogas en el último año, solamente un 18.4% ha asistido a tratamiento (19.8% hombres y 8.9% mujeres).

Entre los adolescentes -un sector de la población especialmente vulnerable al uso indebido de drogas- siendo incluso más de dos veces superior al de todo el resto de la población. La encuesta muestra que el 1.5% ha consumido drogas ilegales en los últimos 12 meses, 1.6% ha consumido marihuana, 0.5% cocaína y 0.4% inhalables.

En la población de 18 a 34 años -grupo en el que se encuentra la mayor incidencia global de consumo- 2.3% ha consumido cualquier droga médica o ilegal en el último años. La marihuana (1.9%) y la cocaína (0.8%) son las drogas de mayor preferencia, las demás drogas tienen incidencia debajo del 0.2%.

Si bien el  gobierno de México inició acciones para atender este problema desde la década de 1970, mucho antes de que la demanda de drogas adquiriera mayores proporciones,  México ha continuado realizando esfuerzos importantes por enfrentar este problema a través del desarrollo de un marco jurídico-normativo e institucional, de programas y campañas apropiadas a las características socioculturales específicas de nuestro país, que además buscan dar  seguimiento a los acuerdos que han sido firmados en el ámbito internacional.

Es importante entender que no existe una solución única aplicable a todos los casos de lucha contra la droga en México, cada comunidad presenta un conjunto particular de problemas y circunstancias. Por ello, es importante la participación de diversos sectores de la sociedad, desde la familia, el sector educativo, el sector salud y los centros contra las adicciones, para abordar el problema de la droga desde una perspectiva inclusiva y participativa.

Esa sinergia permite aprovechar la infraestructura existente, potenciar los recursos y concientizar a que cada sector de la sociedad sienta como propia la lucha contra el problema y se muestre dispuesto a asumir la responsabilidad que le corresponde.

Si los mexicanos unimos esfuerzos podremos crear una sociedad desarrollada, más sana y  libre de la delincuencia y la violencia que nos aqueja.

miércoles, 19 de junio de 2013

Ante la adversidad, solidaridad con los refugiados

Por Alejandro Armenta Mier

México alberga a más de mil 400 personas refugiadas, siendo los principales países de origen de esta población El Salvador, Guatemala, Colombia, Haití, República Democrática del Congo, Honduras, Cuba e Irak. Un número inferior de refugiados provienen, entre otros, de Rumania, Rusia, Myanmar, Irán, Etiopía, Eritrea, Gaza, Bangladesh, Albania, Sudán, Venezuela y Costa de Marfil.

De las mil solicitudes de asilo o de reconocimiento de refugio que México recibe, el 70% proviene del triángulo de Centroamérica integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador; el 26% de los centroamericanos peticionarios de asilo son atendidos por el gobierno mexicano

La mayoría de la población refugiada actual en México se ubica en zonas urbanas, particularmente en la Ciudad de México, zonas en las que el gobierno y de la sociedad civil se enfocan, principalmente en lograr la integración local de los refugiados para que puedan encontrar una solución duradera a su situación y poner fin al ciclo del desplazamiento para que reanuden una vida normal en un entorno seguro.

Es importante recordar que en el 2011  fue promulgada la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; con esta ley se consolidan e institucionalizan las buenas prácticas de México en materia de protección a refugiados además de abrir una nueva pauta en la agenda de gobierno.

Es así que la Oficina en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Gobierno de México a través de la Unidad de Política Migratoria y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Secretaría de Gobernación elaboró el informe  “Refugiados en México. Perfiles sociodemográficos e integración social” (2013).

Este informe presenta importantes hallazgos, destacando que la mayoría de los refugiados son jóvenes con edad promedio de 29 años, que un 70% provienen de países Latinoamericanos, seguidos de países africanos y asiáticos, y que más del 86% viven en la Ciudad de México, el área Metropolitana y el Estado de México. Asimismo, señala que hay una mayor presencia de mujeres refugiadas en los casos de llegadas más recientes, principalmente provenientes de Centro y Sudamérica (55.9% y 59.5% respectivamente).

El estudio determinó que la población refugiada obtiene en promedio recursos económicos por 7 mil 462 pesos mensuales, ingreso que varía según el tiempo transcurrido desde su  reconocimiento.  La actividad principal de la población refugiada corresponde a trabajadores en un 47%,  seguida de la de estudiante en un 29% y, en tercer lugar los desempleados con un 13.8%.  De ellos, sólo el 0.7% son altos directivos, 13.2% son profesionistas -en igual proporción técnicos y administrativos-, 25% son oficinistas y vendedores, 20 empleados calificados y 27.2% empleados semicalificados.

También revela que los mejores ingresos por trabajo en promedio son obtenidos por los refugiados proveniente de Sudamérica, con 13 mil 564 pesos y, por el contrario, los peores pagados son los recibidos por los de las Islas del Caribe, con 3 mil 129 pesos, seguidos de los centroamericanos con 4 mil 319 y africanos con 4 mil 433 pesos mensuales.

En nuestro país,  los refugiados enfrentan una situación de discriminación muy fuerte, por lo que es importante que la sociedad mexicana entienda que cuando México les abre sus puertas, les salva la vida y les proporciona la oportunidad de una vida mejor, por lo que la empatía y solidaridad de la población será fundamental en el proceso de integración de las personas refugiadas a la sociedad mexicana.

Este 20 de junio se conmemora el Día Mundial del Refugiado, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como una forma visibilizar la situación en que viven alrededor de quince millones de personas en todo el mundo que han sido forzadas a abandonar sus países a causa de la persecución, los conflictos armados, la violencia generalizada o las violaciones masivas de derechos humanos.

Recordemos que de acuerdo con las metas nacionales se tiene el compromiso de alcanzar un México en paz, incluyente y de responsabilidad global, por lo que es y seguirá siendo un país  solidario y abierto a aquellos que necesiten de refugio en defensa de sus derechos humanos y paz.

lunes, 10 de junio de 2013

Un México sin tabaco

Por Alejandro Armenta Mier

La Organización Mundial de la Salud advierte que 600 mil personas fallecen cada año en el mundo por ser  fumadores pasivos.  El 47% de estos fallecimientos son varones, seguidos de los niños que representan el 28% de víctimas y el restante 26% son mujeres.

En México existen 11 millones de fumadores por lo que, de no lograr revertir esta tendencia,  la mitad de ellos corren el riesgo de morir a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco. De acuerdo al Consejo Mexicano Contra el Tabaquismo (CMCT), el  72% de los fumadores actuales desean dejar de fumar, pero sólo 10% ha logrado hacerlo.

Cada año en México mueren 60 mil personas por causas atribuibles al tabaco, lo que representa 165 muertes al día; mientras que 3.8 millones de adultos mexicanos que están en edad de trabajar están expuestos al humo "ajeno" en sus espacios de trabajo y 17.3% son vulnerables al humo del cigarrillo en sus hogares.

Un dato interesante es que un  fumador gasta al mes aproximadamente 456.89 pesos en la compra de cajetillas de cigarros.  Pero a pesar de estas cifras, el 98.1% de los mexicanos sabe y piensa que fumar causa serios daños a la salud; por ello, el 72.1% de los fumadores actuales en el país quiere dejar de fumar, pero sólo el 32% de los que alguna vez fumaron diario lo pudo lograr en el último año y 10.9% de los que habían fumado en los últimos 12 meses tuvieron éxito.

Una de cada 100 fallecimientos en el mundo se produce por la exposición de forma involuntaria al humo de los cigarrillos ajenos de acuerdo a la OMS.  Se estima que el 23.3% de la población mexicana nunca ha fumado, pero se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno, entre este segmento se encuentran los infantes  asociados a una serie de enfermedades por la exposición involuntaria al humo del tabaco, entre las que destacan el síndrome de muerte súbita, infecciones respiratorias agudas, síndromes respiratorios crónicos, reducción del crecimiento de la función pulmonar, asma o agravamientos de los síntomas asmáticos, entre otras. Además de esos padecimientos, se pueden presentar otros como tumores cerebrales, trastornos mentales, trastornos visuales, vínculos con linfomas, disfunción pulmonar y posible tendencia a convertirse en fumador en su vida adulta.

Es por ello la importancia de que la defensa de los no fumadores en México se encuentre fundamentada en diversos convenios, leyes y reglamentos como parte de los esfuerzos que el Gobierno y el Sector Salud en México realizan por combatir lo que se ha declarado como una epidemia de carácter mundial.

Además de que se han implementado estrategias en el aspecto social y cultural, que permitan promover nuevos estilos de vida a favor de las nuevas generaciones con el apoyo de profesionales de la salud pública y dependencias educativas.

Anualmente los costos atribuibles a las enfermedades relacionadas con el tabaquismo son de alrededor de 45 mil millones de pesos, mientras los impuestos provenientes del tabaco ascendieron a aproximadamente 25 mil millones de pesos.

Es así, que el gobierno a través de distintas instituciones y organismos proyecta fomentar políticas eficaces para reducir la prevalencia en el consumo del tabaco, por lo que será importante  promover acciones de protección, promoción y prevención de este tipo de adicciones como una prioridad para el mejoramiento de la salud de todos los mexicanos.

lunes, 3 de junio de 2013

Contra la falsificación y la piratería en México

Por Alejandro Armenta Mier

El comercio informal es una práctica que, sin duda, fomenta la pérdida de empleos formales además de arrastrar pérdidas económicas para los diferentes sectores de la industria en México. De acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria del Textil (CANAITEX), esta rama junto con la del vestido son las más afectadas tomando en cuenta que el comercio informal representa el 58 % del total de las operaciones de compra-venta de ropa en el mercado mexicano, afectando gravemente a las empresas fabricantes de ropa en nuestro país.

Las repercusiones se extienden a otras ramas industriales como la comercialización de las denominadas bebidas espirituosas, en donde las cifras de las prácticas informales no son alentadoras, se estima que 4 de cada 10 botellas se comercializan en nuestro país en ese contexto. Adicionalmente, la industria del tequila se enfrenta a un serio problema derivado de prácticas de comercio desleal de genéricos de agave. De acuerdo con estudios realizados por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor entre 2010 y 2011, el 82% de las bebidas que utilizan la marca Agave presentan incumplimientos a las especificaciones establecidas.

El comercio informal representa una pérdida importante en la recaudación fiscal (IEPS) del Gobierno de la República, de acuerdo a una investigación realizada entre la Cámara de Comercio de la ciudad de México y el Departamento de Ciencias y Humanidades del Instituto Tecnológico de Monterrey (2007) el fisco mexicano deja de percibir al año alrededor de 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) como resultado de la creciente economía informal, comercio ilegal, contrabando y piratería, siendo evidente que la sociedad mexicana no es consciente aún de la magnitud del problema, no sólo por las pérdidas económicos que causa a la industria sino sobre todo por las consecuencias que conlleva a la economía nacional.

A pesar de las acciones que el gobierno ha implementado con el objeto de detener el mercado informal, al incrementar los operativos y recuperar espacios territoriales como el Centro Histórico de la Ciudad de México,  aún no se han concretado acciones  firmes y determinantes para resolver este problema.

Por lo que será importante seguir sumando esfuerzos y dar continuidad a las negociaciones para mejorar la cooperación entre  las autoridades, cámaras de la industria, organismos nacionales e internacionales  relevantes en esta problemática.

Siendo importante modernizar la legislación mexicana, implementar nuevos mecanismos que protejan a los consumidores, definir políticas orientadas a la contención del comercio ilícito de productos falsificados y piratas, fenómeno que ha creado una economía paralela y ha logrado mantener vigentes prácticas que se creían controladas, como la apropiación y ocupación de territorios públicos, el clientelismo, la corrupción y la delincuencia organizada.

Solo así se brindará la posibilidad de luchar con mayor fuerza contra la ilegalidad que consienta cuidar el empleo de millones de mexicanos, incrementar la creación de empleos formales,  fomentar la competitividad de las empresas,  reducir riesgo su salud y seguridad de los consumidores para detener en buena medida la cadena delictiva.

Por lo que, en el marco del Día mundial contra la falsificación y la piratería, a celebrarse este 7 de junio, se insta a articular  esfuerzos para combatir el fenómeno y poner de manifiesto la necesidad de sensibilizar a todos los mexicanos de la importancia de no comprar en el mercado informal, haciendo especial hincapié en el riesgo para su salud y seguridad que les genera.