Por Alejandro Armenta Mier
Si bien pareciera que la violencia ha estado presente de manera cotidiana y protagónica en la vida colectiva y de las relaciones interpersonales, a lo largo de la historia se le ha atribuido un doble valor, en innumerables ocasiones la violencia se justifica y se le define como “legítima” para validar las acciones o intervenciones justas de los estados o de grupos de interés político, económico o religioso, mientras que en otras es “ilegítima” y se castiga a quienes la ejercen.
Algunos estudiosos señalan que la palabra “violencia” aparece a principios del Siglo XIII como una derivación de la palabra latina “vis” que significa fuerza o vigor; palabra que caracteriza a un ser humano iracundo y brutal, y particularmente define una relación de fuerza destinada a someter u obligar a otro.
Actualmente se reconoce que la violencia atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de todos los seres humanos, por lo que en el 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 2 de octubre como el Día Internacional de la No Violencia. Siendo una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia a través de la educación y la conciencia pública para lograr una cultura de paz.
Vivimos una época en que la tolerancia se pone a prueba a en todo el mundo. Sucesos como las guerras, la crisis económica que fomenta resentimientos ante la inminente segmentación de clases, el terrorismo, la trata de personas, el crimen organizado, la violación de los derechos humanos y la violencia contra las mujeres, niños y adultos mayores. Todas ellas que forman parte de la cotidianeidad, se traducen en formas de discriminación tan peligrosas como letales que amenazan a millones de personas en el mundo.
Tenemos que seguir trabajando para lograr el entendimiento entre los estados que conforman nuestro país, entre las diversas comunidades y etnias, entre religiones y cultos y entre todas las naciones.
Por ello, el Gobierno de la República promueve la prevención de la violencia como una prioridad clave, yendo a las raíces de las causas que generan los conflictos tales como la intolerancia, la inseguridad y la violación de los derechos humanos. Hoy, el reto es implementar distintas acciones que permitan frenar la violencia que se vive en México; se requiere un nuevo Sistema de Justicia que refuerce la eficacia de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Aprovechemos la fuerza de todas esas iniciativas y trabajemos juntos para fortalecer a las instituciones; promover la corresponsabilidad social; fomentar el respeto y la protección de los derechos humanos; generar programas que permitan la erradicación de la violencia y el combate a la corrupción.
Todo ello orientado al reforzamiento de la democracia, justicia y orden que permitan gozar plenamente de los derechos humanos y una vida sin violencia.
lunes, 30 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
La explotación sexual en México
Por Alejandro Armenta Mier
El tráfico de personas con fines de explotación sexual o tráfico sexual se trata de un fenómeno -ligado desde sus orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de las mujeres como objeto sexual – y que hoy en día constituye un grave problema que repercute de manera significativa en la sociedad.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que Permanentemente en el mundo entero 2,4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y de engaños, quienes se ven obligadas a realizar trabajos en condiciones de explotación (OIT, 2005), cifra de víctimas que se incrementa cada año a través de las fronteras como dentro de los límites nacionales.
La realidad en Latinoamérica acerca del tráfico de personas es preocupante. Sólo en el caso de los niños, la UNICEF reporta que 1.2 millones son sujetos a tráfico anualmente y alrededor de 4 millones sufren diferentes tipos de explotación sexual infantil. Según cifras de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños, a nivel internacional más de un millón de niñas y niños del mundo son vendidos y el 87 por ciento de estos son explotados sexualmente por medio de pornografía, prostitución, turismo y tráfico infantil.
El principal objetivo de esta actividad se focaliza a las personas más desprotegidas como las mujeres, los niños y las niñas, los refugiados además de aquellos que solicitan asilo. Entre los factores que generan estas actividades se encuentran la falta de una distribución equitativa de recursos, la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la discriminación contra la mujer, la violencia basada en el género, las políticas de migración restrictivas, las crisis humanitarias y los desplazamientos por conflictos políticos y armados.
Frecuentemente, los traficantes atraen a sus víctimas a través de falsas agencias matrimoniales o de empleo, donde les prometen mejores condiciones de vida pero que acaban por venderlas para hacer trabajos forzados. Estos delitos son una vulneración de los derechos humanos, atentan contra la vida degradando los derechos a la integridad, la libertad y la dignidad de las personas a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual y tratos crueles e inhumanos.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado el 23 de septiembre por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas (1999) tiene como fin el concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen que afecta a todas las regiones del mundo, así como el instarles a llevar a cabo acciones que permitan poner freno a la esclavitud en el siglo XXI, a situaciones tan crueles como la violencia y el abuso sexual, de los que se derivan embarazos no deseados, abortos inseguros e irreparables secuelas psicológicas, entre otros daños colaterales.
México es el tercer país de Latinoamérica que presenta las cifras más altas en lo que respecta a la trata, el tráfico y la explotación sexual de personas. De acuerdo a cifras del INEGI, EN MÉXICO 3.6 millones de personas utilizadas para explotación sexual, el 31% son menores de edad -con edades entre 5 y 17 años- y 70% personas migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.
El “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, en México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas (CNDH-CEIDAS).
Se requiere atacar este problema global de manera integral, y que el Estado Mexicano contribuya estableciendo una política de “tolerancia cero” a la explotación infantil; así como políticas de detección, prevención, atención integral y sanción a los delitos de explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.
El tráfico de personas con fines de explotación sexual o tráfico sexual se trata de un fenómeno -ligado desde sus orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de las mujeres como objeto sexual – y que hoy en día constituye un grave problema que repercute de manera significativa en la sociedad.
La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es un negocio global que afecta a todas las regiones del planeta. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que Permanentemente en el mundo entero 2,4 millones de personas son víctimas de la trata de personas y de engaños, quienes se ven obligadas a realizar trabajos en condiciones de explotación (OIT, 2005), cifra de víctimas que se incrementa cada año a través de las fronteras como dentro de los límites nacionales.
La realidad en Latinoamérica acerca del tráfico de personas es preocupante. Sólo en el caso de los niños, la UNICEF reporta que 1.2 millones son sujetos a tráfico anualmente y alrededor de 4 millones sufren diferentes tipos de explotación sexual infantil. Según cifras de la Coalición contra la Trata de Mujeres y Niños, a nivel internacional más de un millón de niñas y niños del mundo son vendidos y el 87 por ciento de estos son explotados sexualmente por medio de pornografía, prostitución, turismo y tráfico infantil.
El principal objetivo de esta actividad se focaliza a las personas más desprotegidas como las mujeres, los niños y las niñas, los refugiados además de aquellos que solicitan asilo. Entre los factores que generan estas actividades se encuentran la falta de una distribución equitativa de recursos, la pobreza, el hambre, el desempleo, el analfabetismo, la discriminación contra la mujer, la violencia basada en el género, las políticas de migración restrictivas, las crisis humanitarias y los desplazamientos por conflictos políticos y armados.
Frecuentemente, los traficantes atraen a sus víctimas a través de falsas agencias matrimoniales o de empleo, donde les prometen mejores condiciones de vida pero que acaban por venderlas para hacer trabajos forzados. Estos delitos son una vulneración de los derechos humanos, atentan contra la vida degradando los derechos a la integridad, la libertad y la dignidad de las personas a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual y tratos crueles e inhumanos.
El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado el 23 de septiembre por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas (1999) tiene como fin el concientizar a los gobiernos y a la sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen que afecta a todas las regiones del mundo, así como el instarles a llevar a cabo acciones que permitan poner freno a la esclavitud en el siglo XXI, a situaciones tan crueles como la violencia y el abuso sexual, de los que se derivan embarazos no deseados, abortos inseguros e irreparables secuelas psicológicas, entre otros daños colaterales.
México es el tercer país de Latinoamérica que presenta las cifras más altas en lo que respecta a la trata, el tráfico y la explotación sexual de personas. De acuerdo a cifras del INEGI, EN MÉXICO 3.6 millones de personas utilizadas para explotación sexual, el 31% son menores de edad -con edades entre 5 y 17 años- y 70% personas migrantes e indígenas obligados a realizar trabajos peligrosos para su seguridad, salud y moral en condiciones de trata.
El “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, en México, la trata de personas es el segundo negocio ilícito más redituable para la delincuencia organizada, sólo por debajo del narcotráfico y por encima del tráfico de armas (CNDH-CEIDAS).
Se requiere atacar este problema global de manera integral, y que el Estado Mexicano contribuya estableciendo una política de “tolerancia cero” a la explotación infantil; así como políticas de detección, prevención, atención integral y sanción a los delitos de explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.
martes, 17 de septiembre de 2013
Erradicación del trabajo infantil
Por Alejandro Armenta Mier
El trabajo infantil en México es un fenómeno con características complejas y multidimensionales, en el cual es muy difícil separar los componentes educativos, sociales, culturales y económicos. Existen diferentes posiciones en la sociedad civil mexicana respecto a este fenómeno.
Un primer enfoque corresponde al que considera que el trabajo infantil debe ser abolido de manera inmediata ya que las causas como la pobreza afectan directamente al menor y a sus familias propiciando problemas entre ellos. Un segundo enfoque, integrado por quienes defienden el derecho de las niñas y los niños a trabajar, otorgan al trabajo temprano un carácter formativo-cooperativo, donde sólo se condena la explotación. Un tercero sostiene que el trabajo infantil debe ser erradicado mediante un proceso que involucre a todos los actores sociales, niños, niñas y sus familias, las organizaciones sociales, académicas, sindicales y empresariales y los gobiernos, a fin de atacar las causas que lo generan como la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de empleos para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados.
La Organización Internacional del Trabajo (OTI) define al trabajo infantil como “toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus”. Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) enmarca al trabajo infantil en “aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley”.
La dimensión del problema del trabajo infantil tiene una estrecha relación con el mantenimiento del círculo vicioso de la pobreza; por ello las primeras acciones que México tomó en relación al trabajo infantil iniciaron a mediados de los años ochenta, debido al visible aumento de los niños y niñas en situación de calle, que por razones como violencia, desintegración social, falta de afecto familiar, abandono u orfandad han roto el vínculo familiar y escolar, viéndose obligados a trabajar para cubrir ellos mismos necesidades de ingreso, vivienda, alimentación y sociabilización.
Cabe mencionar que los estudios sobre trabajo infantil se enfocaron primeramente a los niños callejeros, dando paso posteriormente a los menores trabajadores en zonas marginadas. Estos menores forman parte de una problemática social creciente y compleja que ante las adversidades económicas obliga a las familias en condiciones de pobreza a incorporar al trabajo a cada vez más miembros del hogar, principalmente a mujeres y niños.
Actualmente en México se cuenta con una población de 32.5 millones de niños (INEGI, 2010) y se registran alrededor de 4 millones de niños en el campo laboral, mientras que en el mundo son aproximadamente 215 millones de menores con un empleo mal remunerados y 115 millones de estos niños están en trabajos de riesgo, independientemente del sector en que se desenvuelvan.
Es así que el trabajo infantil tiene diversos efectos, siendo que en el corto plazo contribuye al incremento del ingreso en el hogar, a tal grado que la aportación infantil representa entre 20 y 25% de los ingresos de las familias más pobres; pero en el largo plazo disminuye la formación del capital humano, ya que los menores trabajadores no asisten a la escuela o la abandonan antes de concluir la educación básica, por lo que al llegar a la edad adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se restringe a empleos poco calificados con remuneraciones muy bajas, reproduciendo la pobreza.
Niños y niñas diariamente se observan en la venta ambulante de pequeños artículos como dulces y periódicos, al cuidado de automóviles o de limpiaparabrisas, malabaristas, payasos, a los que de madrugada se alquilan en las centrales de abastos y mercados públicos como cargadores, diableros o estibadores.
Por ello tomando conciencia sobre el problema que representa el trabajo infantil, México ha instrumentado programas para la erradicación del trabajo en menores con la visión de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016.
Para lograr este objetivo se requiere una mayor escala de esfuerzo y compromiso del gobierno mexicano, por lo que se está impulsando la creación de una comisión nacional para prevenir el trabajo infantil, lo que ratificará el convenio 138 de la OIT, que prohíbe emplear a menores de edad que no hayan concluido la educación básica.
Debemos pensar que futuro queremos y generar sinergias entre sociedad, gobierno y organismos internacionales, solo así lograremos constituir lo necesario para salvaguardar el bienestar y los derechos de los niños mexicanos, quienes representan el futuro México.
El trabajo infantil en México es un fenómeno con características complejas y multidimensionales, en el cual es muy difícil separar los componentes educativos, sociales, culturales y económicos. Existen diferentes posiciones en la sociedad civil mexicana respecto a este fenómeno.
Un primer enfoque corresponde al que considera que el trabajo infantil debe ser abolido de manera inmediata ya que las causas como la pobreza afectan directamente al menor y a sus familias propiciando problemas entre ellos. Un segundo enfoque, integrado por quienes defienden el derecho de las niñas y los niños a trabajar, otorgan al trabajo temprano un carácter formativo-cooperativo, donde sólo se condena la explotación. Un tercero sostiene que el trabajo infantil debe ser erradicado mediante un proceso que involucre a todos los actores sociales, niños, niñas y sus familias, las organizaciones sociales, académicas, sindicales y empresariales y los gobiernos, a fin de atacar las causas que lo generan como la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de empleos para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de grupos marginados.
La Organización Internacional del Trabajo (OTI) define al trabajo infantil como “toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus”. Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) enmarca al trabajo infantil en “aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley”.
La dimensión del problema del trabajo infantil tiene una estrecha relación con el mantenimiento del círculo vicioso de la pobreza; por ello las primeras acciones que México tomó en relación al trabajo infantil iniciaron a mediados de los años ochenta, debido al visible aumento de los niños y niñas en situación de calle, que por razones como violencia, desintegración social, falta de afecto familiar, abandono u orfandad han roto el vínculo familiar y escolar, viéndose obligados a trabajar para cubrir ellos mismos necesidades de ingreso, vivienda, alimentación y sociabilización.
Cabe mencionar que los estudios sobre trabajo infantil se enfocaron primeramente a los niños callejeros, dando paso posteriormente a los menores trabajadores en zonas marginadas. Estos menores forman parte de una problemática social creciente y compleja que ante las adversidades económicas obliga a las familias en condiciones de pobreza a incorporar al trabajo a cada vez más miembros del hogar, principalmente a mujeres y niños.
Actualmente en México se cuenta con una población de 32.5 millones de niños (INEGI, 2010) y se registran alrededor de 4 millones de niños en el campo laboral, mientras que en el mundo son aproximadamente 215 millones de menores con un empleo mal remunerados y 115 millones de estos niños están en trabajos de riesgo, independientemente del sector en que se desenvuelvan.
Es así que el trabajo infantil tiene diversos efectos, siendo que en el corto plazo contribuye al incremento del ingreso en el hogar, a tal grado que la aportación infantil representa entre 20 y 25% de los ingresos de las familias más pobres; pero en el largo plazo disminuye la formación del capital humano, ya que los menores trabajadores no asisten a la escuela o la abandonan antes de concluir la educación básica, por lo que al llegar a la edad adulta sus oportunidades de desarrollo y empleo se restringe a empleos poco calificados con remuneraciones muy bajas, reproduciendo la pobreza.
Niños y niñas diariamente se observan en la venta ambulante de pequeños artículos como dulces y periódicos, al cuidado de automóviles o de limpiaparabrisas, malabaristas, payasos, a los que de madrugada se alquilan en las centrales de abastos y mercados públicos como cargadores, diableros o estibadores.
Por ello tomando conciencia sobre el problema que representa el trabajo infantil, México ha instrumentado programas para la erradicación del trabajo en menores con la visión de eliminar las peores formas de trabajo infantil para el año 2016.
Para lograr este objetivo se requiere una mayor escala de esfuerzo y compromiso del gobierno mexicano, por lo que se está impulsando la creación de una comisión nacional para prevenir el trabajo infantil, lo que ratificará el convenio 138 de la OIT, que prohíbe emplear a menores de edad que no hayan concluido la educación básica.
Debemos pensar que futuro queremos y generar sinergias entre sociedad, gobierno y organismos internacionales, solo así lograremos constituir lo necesario para salvaguardar el bienestar y los derechos de los niños mexicanos, quienes representan el futuro México.
lunes, 9 de septiembre de 2013
alfabetización, un derecho para todos
Por: Alejandro Armenta Mier
La
alfabetización es un derecho y, a la vez, el cimiento del aprendizaje a lo
largo de toda la vida ya que es un factor de bienestar además de que representa
un medio de subsistencia; por eso la
alfabetización es un motor del desarrollo sostenible e integrador.
Desde
1965, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura -en inglés United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)- proclamó el 8 de septiembre como el Día Internacional de la Alfabetización
como un derecho humano y constituye la base de todo aprendizaje.
Sin
duda, la alfabetización es un instrumento de autonomía personal, un medio para
alcanzar el desarrollo individual y social y el eje mismo de la educación, esencial
para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el
crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y garantizar el
desarrollo sostenible, la paz y la democracia (UNESCO)
Según datos del Instituto de Estadística de la
UNESCO del 2011, 793 millones de adultos son analfabetos, en su mayoría chicas
y mujeres; otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria
no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de
la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación.
Once países del mundo tienen más de 50% de
adultos analfabetos. Se trata de Benin, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Gambia,
Guinea, Haití, Mali, Níger, Senegal y Sierra Leona. Por regiones, el sur y el
oeste de Asia albergan más de la mitad de la población analfabeta mundial
(51,8%), en tanto que en el África Subsahariana viven el 21,4% de los adultos
analfabetos, en Asia Oriental y el Pacífico el 12,8%, en los Estados Árabes el
7,6% y en América Latina y el Caribe el 4,6%. América del Norte, Europa y Asia
Central suman por su parte el 2% de los adultos analfabetos.
En México existen casi seis millones de
mexicanos analfabetas mayores de 15 años, de los cuales poco más de tres
millones y medio son mujeres, y dos millones trescientos mil son hombres. Según
el IISUE de la UNAM, los porcentajes de analfabetismo han permanecido casi estáticos
a lo largo de una década, 40 por ciento varones y 60 por ciento mujeres. Las entidades federativas con mayor proporción
de analfabetas son Chiapas con 18.41 por ciento, Guerrero con 17.53; Oaxaca con
16.92 y Veracruz con 12.02.
Según la UNESCO, cuando más de 90% de la población adulta de
una nación está alfabetizada, se ha alcanzado la alfabetización universal o
casi universal, y cuando 70% de la población ha sido alfabetizada se considera
que el proceso es irreversible ya que cualquier persona analfabeta sentirá la
necesidad de adaptarse al medio en donde predominan las personas alfabetizadas.
Hay que tomar en cuenta que las personas que saben leer y escribir están
más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más
libres, trabajadores productivos e individuos menos expuestos a la miseria; según
la Organización de Naciones Unidas (ONU) los beneficios de la alfabetización no
sólo se dan a nivel individual, éstos trascienden a las comunidades y naciones.
El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres
humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en
todos los países del mundo, por lo que la Comunidad Internacional y los países
miembros de las Naciones Unidas –entre ellos México- fijaron como
uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
alcanzar una educación para todos y todas antes de 2015.
Partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual
establece que toda persona tiene derecho a la educación, y que esta será
gratuita y obligatoria al menos hasta la instrucción elemental. Derecho que
México ratifica estableciendo -en el artículo tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos- las obligaciones del Estado por
proporcionar servicios de educación gratuitos y obligatorios hasta nivel básico
y la obligación de tutores y custodios de hacer preservar estos derechos.
Si bien datos del INEGI nos muestran que el
analfabetismo resta oportunidades, ya
que derivado de carencias educativas de cada 100 personas analfabetas, 45
trabajan en labores agrícolas, 24 en trabajos domésticos, 23 en actividades
ligadas con la operación del sector industrial y 8 en actividades de oficina.
En México, el analfabetismo genera marginación y afecta a la población más vulnerable como mujeres,
indígenas, discapacitados o los desfavorecidos económicamente.
La alfabetización de las personas adultas debe
ser un precedente para mejorar la calidad de vida de la población mexicana. Por
ello el Gobierno de la República, con apoyo de los distintos niveles gubernamentales,
las organizaciones internacionales y la sociedad civil lleva a cabo acciones
para abatir el rezago en materia de alfabetización y lograr que la educación sea una prioridad política
con el objetivo de que todas las personas puedan desarrollar su potencial y
participar activamente en la conformación de sociedades más sostenibles, justas
e incluyentes.
lunes, 2 de septiembre de 2013
Por la redignificación de la mujer Indígena
Por Alejandro Armenta Mier
La población indígena de México forma parte de los estratos más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad, con frecuencia, sus niveles de vida están por debajo de los promedios nacionales y regionales así como de los mínimos de bienestar estipulados internacionalmente.
Las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones culturales que se expresan en comportamientos de trascendencia primordial en el curso de vida de las personas y que, si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres en mayor desventaja social. Siendo así que las mujeres conforman el segmento de mayor marginación y presentan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición, escaso acceso a los servicios de salud, entre otros.
Las mujeres Indígenas tienen un papel preponderante en la recomposición del país en su conjunto, por lo que es necesario que las grandes distancias de marginalidad y la riqueza se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y de justicia.
En tiempos modernos, entre los grupos indígenas, los hombres tienen más probabilidades de ser educados que las mujeres y por tanto toman decisiones para la comunidad. Se observa un importante rezago de las mujeres en materia educativa, dado que el 43.1% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer y escribir. Además del poco acceso a servicios básicos, como el de salud, donde el 7% de las mujeres no reciben atención medica cuando la necesitan (2010).
Son diversos los problemas que enfrentan las mujeres indígenas y por los que hay que trabajar en áreas como el acceso a la tierra, territorio y recursos naturales; la procuración y administración de justicia; los índices de mortalidad materna, el VIH y la violación de derechos sexuales y reproductivos; la violencia de género, la paramilitarización y militarización, el desplazamiento interno, el acceso a la educación y la cultura en su propio idioma. La mujer indígena vive de manera directa las consecuencias del fenómeno migratorio, no tiene acceso al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías
Los esfuerzos dirigidos a atender las carencias las mujeres indígenas en ocasiones han resultado ser poco efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas. Actualmente, existen diversas organizaciones que apoyan a las mujeres indígenas en la manifestación y exigencia del derecho a la vida y al bienestar social así como a construir una conciencia colectiva partiendo del respeto a la diversidad cultural.
Por lo que será un trabajo importante por parte del Gobierno de la República, garantizar las condiciones para la existencia de mayor seguridad, justicia y equidad para las mujeres de los pueblos indígenas, mediante el diseño de estrategias integrales que aseguren el respeto a los derechos humanos.
Se debe promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, en donde las mujeres, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados -de acuerdo con su cultura y valores- puedan asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.
Las mujeres indígenas son portadoras de sabiduría ancestral, por ello en el marco de la celebración del día de la mujer indígena -que se celebra este 5 de septiembre- hago un llamado a la sociedad y a las organizaciones, a fomentar el respeto y orgullo por este sector de nuestra sociedad, gracias al cual podemos conservar costumbres y tradiciones importantes además de una diversidad de lenguas que permiten que nuestro país sea representante de una gran riqueza cultural y diversidad.
La población indígena de México forma parte de los estratos más pobres y desfavorecidos de nuestra sociedad, con frecuencia, sus niveles de vida están por debajo de los promedios nacionales y regionales así como de los mínimos de bienestar estipulados internacionalmente.
Las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones culturales que se expresan en comportamientos de trascendencia primordial en el curso de vida de las personas y que, si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres en mayor desventaja social. Siendo así que las mujeres conforman el segmento de mayor marginación y presentan los índices más elevados de analfabetismo, rezago educativo, desnutrición, escaso acceso a los servicios de salud, entre otros.
Las mujeres Indígenas tienen un papel preponderante en la recomposición del país en su conjunto, por lo que es necesario que las grandes distancias de marginalidad y la riqueza se reduzcan, dando lugar a nuevos modelos de desarrollo de acuerdo con sus expectativas culturales, sociales, políticas, económicas y de justicia.
En tiempos modernos, entre los grupos indígenas, los hombres tienen más probabilidades de ser educados que las mujeres y por tanto toman decisiones para la comunidad. Se observa un importante rezago de las mujeres en materia educativa, dado que el 43.1% de las mujeres indígenas mayores de 15 años no sabe leer y escribir. Además del poco acceso a servicios básicos, como el de salud, donde el 7% de las mujeres no reciben atención medica cuando la necesitan (2010).
Son diversos los problemas que enfrentan las mujeres indígenas y por los que hay que trabajar en áreas como el acceso a la tierra, territorio y recursos naturales; la procuración y administración de justicia; los índices de mortalidad materna, el VIH y la violación de derechos sexuales y reproductivos; la violencia de género, la paramilitarización y militarización, el desplazamiento interno, el acceso a la educación y la cultura en su propio idioma. La mujer indígena vive de manera directa las consecuencias del fenómeno migratorio, no tiene acceso al conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías
Los esfuerzos dirigidos a atender las carencias las mujeres indígenas en ocasiones han resultado ser poco efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas. Actualmente, existen diversas organizaciones que apoyan a las mujeres indígenas en la manifestación y exigencia del derecho a la vida y al bienestar social así como a construir una conciencia colectiva partiendo del respeto a la diversidad cultural.
Por lo que será un trabajo importante por parte del Gobierno de la República, garantizar las condiciones para la existencia de mayor seguridad, justicia y equidad para las mujeres de los pueblos indígenas, mediante el diseño de estrategias integrales que aseguren el respeto a los derechos humanos.
Se debe promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas, en donde las mujeres, a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y la comercialización de los productos generados -de acuerdo con su cultura y valores- puedan asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.
Las mujeres indígenas son portadoras de sabiduría ancestral, por ello en el marco de la celebración del día de la mujer indígena -que se celebra este 5 de septiembre- hago un llamado a la sociedad y a las organizaciones, a fomentar el respeto y orgullo por este sector de nuestra sociedad, gracias al cual podemos conservar costumbres y tradiciones importantes además de una diversidad de lenguas que permiten que nuestro país sea representante de una gran riqueza cultural y diversidad.
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