Soberanía alimentaria es el derecho que cada nación tiene para mantener y desarrollar su propia capacidad de producción básica de alimentos de sus pueblos, respetando su diversidad y su cultura. Se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y de seguridad.
Implica la protección del mercado interno contra los productos extranjeros que se venden más baratos en el mercado mundial por debajo de los costos de producción, es decir, de la práctica del dumping; fenómenos que han traído el desmantelamiento de todas las cadenas de producción, circulación y venta de los alimentos, resultado de la apertura a la economía internacional sin tener condiciones adecuadas.
Este concepción cobra fuerza en 1996 en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la OM, cuando la sociedad civil fue llamada a contribuir a la Cumbre Mundial de la Alimentación.
Es el reconocimiento que la liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural que han globalizado también el hambre y la pobreza en el mundo que atentan contra la capacidad productiva local y de las sociedades rurales. La alimentación es un derecho humano básico que todos y cada uno debe tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana completa con dignidad humana.
Las políticas neoliberales han destruido la soberanía alimentaria ya que su prioridad es el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos; no han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. En 1996 cuando tuvo lugar la cumbre mundial de la FAO antes referida, la cifra de hambrientos en el mundo era de más de 800 millones de personas y diez años después, la cifra había aumentado hasta los 854 millones de personas.
La Soberanía Alimentaria, desde esta perspectiva, es también el derecho de los pueblos, las comunidades y los propios campesinos para definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias; ello significa un modelo de gobernabilidad democrática en donde se contemplen: una reforma agraria, el control del territorio, el impulso de los mercados locales, la biodiversidad y sustentabilidad además de otros temas relacionados con la capacidad de producir alimentos localmente.
Significa también el acceso y el control de los pueblos a la tierra, agua, recursos genéticos y a la promoción de un uso ambientalmente sostenible de la producción y el reconocimiento al papel central que juegan las mujeres en el mundo rural que garantice a los "de sin tierra" la tenencia y el control de la tierra que trabajan.
Además, para una política de tal naturaleza se debe considerar la reorganización del comercio de alimentos, pues éstos son en primer lugar una fuente de nutrición y en segundo lugar un artículo comercial; por lo tanto, su exportación no debe desplazar a la producción local ni desplomar los precios con productos extranjeros subsidiados. No es aceptable que la comercialización de los alimentos continúe teniendo como base la explotación económica de la gente más vulnerable y la degradación a fondo del medio ambiente.
En definitiva, para coadyuvar al logro de la Soberanía Alimentaria son necesarias políticas de estado, que aborden no solamente la temática del hambre sino del desarrollo en general, desde un enfoque de derechos humanos, que abarca desde la alimentación hasta la reivindicación del reconocimiento del derecho a producir, el derecho al acceso y la gestión de los recursos productivos tales como tierra, agua, bosques, semillas, ganado y biodiversidad, para su uso sostenible, priorizando el mercado y la economía locales con la promoción de una agricultura y pesca a pequeña escala, en manos de los productores y productoras.
Dar prioridad a los mercados domésticos y locales implica la intervención del Estado socialmente necesario, asegurar precios justos que implica regulación e intervencionismo, el acceso a los recursos productivos que significa desconcentración y distribución democrática, el control de la comunidad -que es una apuesta por la acción colectiva-, la garantía del libre intercambio y, el uso de semillas además del rechazo a las patentes sobre las mismas. Todo esto exige márgenes mayores y crecientes de inversión pública con políticas que favorezcan la vida en el medio rural.
En México, frente a esta situación, se plantean la siguientes interrogantes: ¿qué alternativas se plantean?, ¿es posible otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos acorde con el interés y Soberanía Nacional?, ¿es viable ello sin entrar en conflicto con la dinámica a nivel mundial?; éste es precisamente el enorme desafío que se nos presenta en el futuro inmediato. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera soberana, como condición indispensable para la seguridad alimentaria nacional de la población.
Estamos obligados a protegernos de los efectos perniciosos propiciados por las crecientes importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas que han incrementado la dependencia de nuestro pueblo y reforzado la industrialización de la agricultura mundial; misma que está poniendo en peligro inclusive el patrimonio genético, cultural y medioambiental así como nuestra salud y, han empujado a centenas de millones de campesinos a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales al éxodo rural o a la emigración. Al respecto, según la propia FAO, países como México, Indonesia, Egipto, Haití hoy dependen exclusivamente de la importación neta de alimentos.
Según el documento signado por mi amigo el Diputado Alberto Jiménez Merino, quien con base a la experiencia que lo caracteriza, afirma que "más de 54 millones de mexicanos se encuentra en condiciones de pobreza y de ellos, más de 20 millones están en pobreza alimentaria, otros 26 millones en pobreza de capacidades y hay 19 millones que viven con menos de 57 pesos diarios; seis millones de mexicanos no saben leer ni escribir; 17 millones no terminaron la primaria y 10 millones no terminaron la secundaria; 33 millones de mexicanos mayores de 15 años están en alguna de estas condiciones y la pobreza de capacidades afecta a 26 millones".
Jiménez Merino además señala que "compramos del exterior cada año, más de 9 millones de toneladas de maíz, 750 mil toneladas de arroz y más de 180 mil toneladas de leche en polvo. En consecuencia, la dependencia alimentaria nos hace cada vez más pobres y vulnerables ante las inercias internacionales".
"Problema que se agudiza si consideramos que se está perdiendo en forma acelerada el agua disponible base de la producción alimentaria y que la población rural está envejeciendo ya que los productores del campo supera los 55 años y, más de 9 millones de personas en el medio rural ganan menos de un salario mínimo y 10 millones no tienen ingresos".
Hace once años el Programa OPORTUNIDADES inició con un presupuesto de 9 mil millones de pesos para atender a 2.5 millones de familias; hoy cuenta con 45 mil millones de pesos y atiende a 5.5 millones de familias, sin embargo aún no resuelve el problema. Es contradictorio que, en el caso de México, cuando más recursos se aplican contra la pobreza más pobres tenemos.
Además, en nuestro país, casi el 75 por ciento de las tierras cultivables está en proceso de desertificación y se rehabilitarán en 530 años; el gobierno ha fracasado en la tecnificación del campo y debe importar los alimentos que se consumen y, con la apertura a las importaciones de productos del sector agropecuario, se calcula que esa dependencia ascenderá al 60 por ciento antes de concluir el sexenio.
Implica la protección del mercado interno contra los productos extranjeros que se venden más baratos en el mercado mundial por debajo de los costos de producción, es decir, de la práctica del dumping; fenómenos que han traído el desmantelamiento de todas las cadenas de producción, circulación y venta de los alimentos, resultado de la apertura a la economía internacional sin tener condiciones adecuadas.
Este concepción cobra fuerza en 1996 en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas puesta en práctica por la OM, cuando la sociedad civil fue llamada a contribuir a la Cumbre Mundial de la Alimentación.
Es el reconocimiento que la liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural que han globalizado también el hambre y la pobreza en el mundo que atentan contra la capacidad productiva local y de las sociedades rurales. La alimentación es un derecho humano básico que todos y cada uno debe tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficiente para llevar una vida sana completa con dignidad humana.
Las políticas neoliberales han destruido la soberanía alimentaria ya que su prioridad es el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos; no han contribuido en absoluto en la erradicación del hambre en el mundo. En 1996 cuando tuvo lugar la cumbre mundial de la FAO antes referida, la cifra de hambrientos en el mundo era de más de 800 millones de personas y diez años después, la cifra había aumentado hasta los 854 millones de personas.
La Soberanía Alimentaria, desde esta perspectiva, es también el derecho de los pueblos, las comunidades y los propios campesinos para definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias; ello significa un modelo de gobernabilidad democrática en donde se contemplen: una reforma agraria, el control del territorio, el impulso de los mercados locales, la biodiversidad y sustentabilidad además de otros temas relacionados con la capacidad de producir alimentos localmente.
Significa también el acceso y el control de los pueblos a la tierra, agua, recursos genéticos y a la promoción de un uso ambientalmente sostenible de la producción y el reconocimiento al papel central que juegan las mujeres en el mundo rural que garantice a los "de sin tierra" la tenencia y el control de la tierra que trabajan.
Además, para una política de tal naturaleza se debe considerar la reorganización del comercio de alimentos, pues éstos son en primer lugar una fuente de nutrición y en segundo lugar un artículo comercial; por lo tanto, su exportación no debe desplazar a la producción local ni desplomar los precios con productos extranjeros subsidiados. No es aceptable que la comercialización de los alimentos continúe teniendo como base la explotación económica de la gente más vulnerable y la degradación a fondo del medio ambiente.
En definitiva, para coadyuvar al logro de la Soberanía Alimentaria son necesarias políticas de estado, que aborden no solamente la temática del hambre sino del desarrollo en general, desde un enfoque de derechos humanos, que abarca desde la alimentación hasta la reivindicación del reconocimiento del derecho a producir, el derecho al acceso y la gestión de los recursos productivos tales como tierra, agua, bosques, semillas, ganado y biodiversidad, para su uso sostenible, priorizando el mercado y la economía locales con la promoción de una agricultura y pesca a pequeña escala, en manos de los productores y productoras.
Dar prioridad a los mercados domésticos y locales implica la intervención del Estado socialmente necesario, asegurar precios justos que implica regulación e intervencionismo, el acceso a los recursos productivos que significa desconcentración y distribución democrática, el control de la comunidad -que es una apuesta por la acción colectiva-, la garantía del libre intercambio y, el uso de semillas además del rechazo a las patentes sobre las mismas. Todo esto exige márgenes mayores y crecientes de inversión pública con políticas que favorezcan la vida en el medio rural.
En México, frente a esta situación, se plantean la siguientes interrogantes: ¿qué alternativas se plantean?, ¿es posible otro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos acorde con el interés y Soberanía Nacional?, ¿es viable ello sin entrar en conflicto con la dinámica a nivel mundial?; éste es precisamente el enorme desafío que se nos presenta en el futuro inmediato. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera soberana, como condición indispensable para la seguridad alimentaria nacional de la población.
Estamos obligados a protegernos de los efectos perniciosos propiciados por las crecientes importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas que han incrementado la dependencia de nuestro pueblo y reforzado la industrialización de la agricultura mundial; misma que está poniendo en peligro inclusive el patrimonio genético, cultural y medioambiental así como nuestra salud y, han empujado a centenas de millones de campesinos a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales al éxodo rural o a la emigración. Al respecto, según la propia FAO, países como México, Indonesia, Egipto, Haití hoy dependen exclusivamente de la importación neta de alimentos.
Según el documento signado por mi amigo el Diputado Alberto Jiménez Merino, quien con base a la experiencia que lo caracteriza, afirma que "más de 54 millones de mexicanos se encuentra en condiciones de pobreza y de ellos, más de 20 millones están en pobreza alimentaria, otros 26 millones en pobreza de capacidades y hay 19 millones que viven con menos de 57 pesos diarios; seis millones de mexicanos no saben leer ni escribir; 17 millones no terminaron la primaria y 10 millones no terminaron la secundaria; 33 millones de mexicanos mayores de 15 años están en alguna de estas condiciones y la pobreza de capacidades afecta a 26 millones".
Jiménez Merino además señala que "compramos del exterior cada año, más de 9 millones de toneladas de maíz, 750 mil toneladas de arroz y más de 180 mil toneladas de leche en polvo. En consecuencia, la dependencia alimentaria nos hace cada vez más pobres y vulnerables ante las inercias internacionales".
"Problema que se agudiza si consideramos que se está perdiendo en forma acelerada el agua disponible base de la producción alimentaria y que la población rural está envejeciendo ya que los productores del campo supera los 55 años y, más de 9 millones de personas en el medio rural ganan menos de un salario mínimo y 10 millones no tienen ingresos".
Hace once años el Programa OPORTUNIDADES inició con un presupuesto de 9 mil millones de pesos para atender a 2.5 millones de familias; hoy cuenta con 45 mil millones de pesos y atiende a 5.5 millones de familias, sin embargo aún no resuelve el problema. Es contradictorio que, en el caso de México, cuando más recursos se aplican contra la pobreza más pobres tenemos.
Además, en nuestro país, casi el 75 por ciento de las tierras cultivables está en proceso de desertificación y se rehabilitarán en 530 años; el gobierno ha fracasado en la tecnificación del campo y debe importar los alimentos que se consumen y, con la apertura a las importaciones de productos del sector agropecuario, se calcula que esa dependencia ascenderá al 60 por ciento antes de concluir el sexenio.
Por Alejandro Armenta Mier
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