Un aspecto central en el debate de la ciencia de la política es buscar
el equilibrio entre ésta y la toma de decisiones traducida en la administración
de los procesos; tomando en cuenta que persiste la idea de que se encuentran
desligadas una de la otra en el momento de ejecutar las acciones.
Si bien los procesos de toma de decisiones de políticas públicas se
definen como un conjunto más o menos sistemático e institucionalizado de
operaciones políticas y administrativas a través de las cuales una política pública
es legitimada y puesta en marcha, entonces se puede decir que las decisiones en
el sistema político y en la administración constituyen una de las “cajas
negras” de las políticas públicas y de la ciencia de las políticas, toda vez
que involucra un proceso específico en la totalidad de la estructura de una o
varias instituciones, desde los niveles estratégicos o decisionales hasta los
niveles operativos y de ejecución.
Por tanto, el proceso administrativo es la llave de las políticas
públicas, ya que ningún sistema tendrá efecto mientras no se dé una decisión;
proceso que se puede fraccionar en partes analíticamente divisibles como la
identificación de un problema que requiera acción pública, la formulación de
posibles alternativas de solución, el análisis y diseño de los posibles cursos
de acción, la selección del curso de acción, la adopción de decisiones por
parte de la autoridad legitimada, la ejecución de la política pública y la
evaluación de los resultados.
De esa manera se va sustituyendo la intuición, la opinión y la
experiencia por un conjunto de técnicas y métodos precisos que ayudan a
encontrar -no una decisión cualquiera sino- la mejor decisión. Es evitar
incurrir en errores generados por el incorrecto análisis de información o la
carencia de visión al desarrollar políticas públicas que generan un efecto
negativo en diversos sectores de la población, principalmente en la población
mexicana adulta que se aproxima a la condición de adulta mayor (30 millones 190
mil 599 habitantes entre 35 y 59 años1).
De hecho, centrándonos en este sector de la población, derivado de la
carencia de políticas públicas eficaces en las últimas décadas, los futuros
adultos mayores no serán aspirantes a un esquema de jubilación, al haberse
implementado un sistema universal de pensión mínima las generaciones de
trabajadores pensionados no contarán con recursos para sobrevivir
económicamente y se generará un mayor empobrecimiento de la población.
Por eso, es importante considerar que toda decisión en el marco de las
políticas públicas genera efectos y tiene como trasfondo una teoría de cambio
social, ya que existe una relación de causa a efecto en las disposiciones que
rigen y fundamentan las acciones públicas, pero además, conlleva costos,
obligaciones y beneficios para el colectivo al que va dirigida.
Desde esta perspectiva, es importante destacar que todo proyecto tiene
efecto sobre el crecimiento y el desarrollo económico y social de una región,
por lo que es necesario detenerse y analizar la ejecución -que en muchas ocasiones
no se acompaña de criterios de eficiencia y productividad- para evitar
deficiencias de carácter técnico y de gestión que obstaculizan el logro de los
objetivos.
Y es precisamente en la toma de decisiones cuando se deben equilibrar los procesos de
administración con la política pues hay un impacto que se puede traducir en los
plazos, los costos, en la calidad de ejecución y en muchos casos en un
desarrollo social real; por ejemplo la construcción de carreteras en
territorios inadecuados que no generan una infraestructura efectiva o la
realización de obras innecesarias como la construcción de la estructura
denominada Estela de Luz en el 2012, que tuvo un costo de más de mil millones
de pesos traducidos en una ofensa para la ciudadanía por su nulo beneficio
social.
Es por ello, la importancia de que los procesos de toma de decisiones
de las políticas públicas puedan realizarse desde una perspectiva de equilibrio
y rentabilidad social basada en la metodología del sistema de planeación
democrático, que obligue al estado mexicano a la coordinación efectiva entre
los tres órdenes de gobierno para generar una secuencia de actos políticos,
administrativos, jurídicos, financieros y organizacionales que permitan
aumentar el nivel de institucionalización del sistema político y de esa manera,
legitimar la calidad, racionalidad y eficiencia del proceso de toma de
decisiones en el aparato del Estado.
De esta forma, se conduce a relacionar inteligentemente la formulación
y aplicación de una política pública con la institucionalidad estatal y
administrativa encargada de su aplicación.
Finalmente, el equilibrio entre la decisión política y la racionalidad
administrativa debe generar programas de desarrollo y políticas públicas, que
en su aplicación mejoren la calidad de vida y promuevan el desarrollo humano de
la población con eficiencia, integridad y equidad, porque para ello los
ciudadanos mandatan con su voto a los gobiernos en las urnas.
1 Censo 2010, INEGI.
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