La gobernabilidad en México: una nueva etapa

Por el Mtro. Alejandro Armenta Mier

.La nueva gobernabilidad en México tiene como característica básica el interés del Gobierno de la República para construir pactos que dirijan a la sociedad a un proceso de acciones eficaces donde los actores políticos y económicos tengan una corresponsabilidad en esa nueva dinámica.

La gobernabilidad es definida por el Banco Mundial como el conjunto de tradiciones e instituciones por medio de los cuales es ejercida la autoridad en un país. Esto incluye el proceso mediante el cual el gobierno es seleccionado, vigilado y reemplazado; la capacidad del gobierno para formular e implementar de forma efectiva políticas públicas; así como el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que regulan la interacción política, social y económica que se da entre ellos.

Desde esta perspectiva, fortalecer la gobernabilidad es una tarea de gobierno en la que contribuyen los partidos, los grupos de presión y demás actores políticos, incluyendo las organizaciones de la sociedad civil y que implica la práctica del diálogo para la generación de acuerdos y consensos que permitan alcanzar un nivel aceptable.

La crisis económica y social, la declinación del Estado de Bienestar, la violencia, la corrupción, el descrédito de los partidos políticos y la incapacidad del estado para responder a las demandas sociales son factores que llevaron a México a un poner en riesgo su gobernabilidad, provocando una crisis del modelo tradicional. Por ello, el Gobierno de la República proyectó el cumplimiento de compromisos que se antepusieran a los intereses de orden particular, privado o partidario, en virtud de lograr acuerdos esenciales materializados en reformas estructurales que aceleren el desarrollo de México

Prueba evidente de este nuevo matiz en la gobernanza mexicana es el Pacto por México, instrumento fundamental para impulsar la transformación con una voluntad compartida de las principales fuerzas políticas del país y del Gobierno de la República en la búsqueda de mayores oportunidades con el fin único de promover el progreso del país.

Es así, como el Presidente Enrique Peña Nieto -asume de manera inédita- el mandato que le otorgaron los mexicanos en las pasadas elecciones con compromiso y la responsabilidad al suscribir junto con las tres principales fuerzas políticas del país -PRI, PAN y PRD-  el “Pacto por México” como la vía para la construcción de un futuro alternativo y como la única forma de innovación política capaz de lograr la reconciliación nacional a través de cinco grandes acuerdos que a su vez contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales:

Sociedad de Derechos
Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad
Seguridad y Justicia
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción
Gobernabilidad Democrática. Los que a su vez, contienen acuerdos particulares traducidos en compromisos que requieren reformas legales.
Acuerdos que  impulsarán reformas en las que se observan una mayor responsabilidad en los procesos de los distintos niveles del Estado, ante un escenario de nuevas demandas ciudadanas que ya no se localizan en el actor colectivo clásico sino en actores sociales que participan en el marco democrático, que esperan eficiencia y calidad de la política pública y que se presentan más cercanos, informados, empoderados y comunicados a través de las redes sociales, exigentes de respuestas adecuadas a sus demandas y necesidades.

Es evidente que la gobernabilidad mexicana no se decretó, siendo que el Gobierno de la República  obtuvo legitimidad plena de su autoridad mediante el voto de los ciudadanos en las urnas; sin embargo es necesario entender que legitimidad y gobernanza son nociones de políticas distintas, ya que la gobernanza se consigue mediante consenso democrático en medio del debate.

Es una tarea de conciliación y convergencia de agendas que propone coordinar el proceso de toma de decisiones por medio del pacto de los diferentes actores políticos sin importar sus divergencias, además de considerar no sólo la calidad de la gestión pública: eficiencia, eficacia y transparencia pública sino también de evaluar la capacidad de actuar según los principios democráticos.

Las dimensiones que abarcan los acuerdos son similares a las propuestas por el Banco Mundial como indicadores del grado de gobernabilidad expuesto por un sistema político. De acuerdo con esta línea, la evaluación obtenida por México en promedio es reprobatoria 45.58 en el año 2011 y para cada uno de los seis indicadores de gobernabilidad se tuvieron los siguientes datos:

Voz y Rendición de Cuentas. Mide derechos humanos, políticos y civiles: 52.13
Estabilidad Política y Ausencia de Violencia. Mide la posibilidad de amenazas violentas a, o cambios en, el gobierno, incluyendo el terrorismo: 22.64
Efectividad Gubernamental. Mide la competencia de la burocracia y la calidad de la prestación de servicios públicos: 61.72
Calidad Regulatoria. Mide la incidencia de políticas hostiles al mercado: 58.85
Estado de Derecho. Mide la calidad del cumplimiento de contratos, la policía, y las cortes, incluyendo la independencia judicial, y la incidencia del crimen: 33.65
Control de la Corrupción. Mide el abuso del poder público para el beneficio privado, incluyendo la corrupción menor y en gran escala (y la captura del estado por las élites): 44.50
Ante este panorama, el reto es colosal pues requiere de una extraordinaria capacidad de innovación y operación política, ya que su complejidad reside precisamente en el número y pluralidad de actores y demandas, en los niveles de polarización política así como en la existencia de agendas políticas distintas y con diferentes grados de radicalidad.

Sin duda, el proceso de cambio político que hoy vive México representa uno de los episodios con mayor carga política y simbólica en toda la historia reciente. Este proceso va a estar marcado por los esfuerzos para la ampliación de espacios de participación para la sociedad.



El trabajo es arduo y prolongado ya que el principal reto se va a centrar en la capacidad de inclusión de los distintos intereses de los grupos, las organizaciones y los  líderes representativos; sin embargo el futuro es de esperanza para nuestro país por lo que esta nueva etapa en la gobernabilidad está marcada por el consenso, el diálogo y el acuerdo entre los actores y fuerzas políticas en la búsqueda de la consolidación de México.