Por: Alejandro Armenta Mier
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que la discriminación constituye una forma de exclusión social que no se limita a la raza, ya que también tiene que ver con situaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales.
Es así que todas aquellas acciones, conductas y actitudes que tenga por objeto la distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de los derechos humanos, es una violación de los derechos humanos y de la dignidad humana, siendo ésta una situación a la que se enfrenta millones de personas en el mundo.
Nadie tiene el derecho a discriminar a nadie por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida, por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza.
En este contexto vale la pena recordar que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el 21 de marzo como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, tras el asesinato de 69 personas -entre ellas mujeres y niños- en ese día pero de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cuando realizaban una manifestación contra la "Ley de Pases", promulgada por el régimen racista del Apartheid.
Es así, que las Naciones Unidas contra la Discriminación (CERD) y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden mundial para ayudar a la eliminación del racismo como la Convención Internacional firmada por México en 1966, y entró en vigor en 1969.
Por su parte, la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales aprobada por la UNESCO en 1978 prohíbe que las posibles diferencias entre los pueblos -tales como los factores geográficos, históricos, políticos, económicos, sociales y culturales- propicien jerarquizaciones entre naciones y pueblos.
Lamentablemente la discriminación racial es un problema que nos aqueja a los mexicanos pues a pesar de la existencia del marco normativo nacional e internacional descrito que reconoce la pluriculturalidad, que prohíbe la discriminación y promueve expresamente su eliminación, los pueblos indígenas son relegados.
En nuestro país hay 15.7 millones de personas que se consideran indígenas -el 6.9 por ciento hablan alguna lengua indígena, el 27 por ciento de la población de habla indígena de 15 años o más no sabe leer ni escribir y que sólo el 47.2 por ciento de quienes tienen 12 años o más se encuentran ocupados- y 75 de cada 100 personas hablantes de lengua indígena no son derechohabientes a servicios de salud a nivel nacional; del 25% del universo que sí es derechohabiente de tales servicios, 45 de cada 100 lo son por parte del Seguro Popular según el Censo de Población y Vivienda 2010.
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL 2008) plantean que la situación de la pobreza multidimensional de la población de habla indígena presenta matices negativos de desarrollo ya que por un lado, la pobreza multidimensional extrema representó el 39.2% del total de la población de habla indígena
-lo cual la posiciona 6.7 puntos porcentuales por encima de la población de adultos mayores, 26.1 puntos porcentuales por encima de la población de menores de edad- y 28.7 por ciento por encima del promedio nacional.
Es así, que la marginación y la discriminación de las que son objeto los grupos indígenas constituyen un fenómeno innegable, resultado del menosprecio que se les ha ejercido como personas, pueblos y comunidades, generando una profunda injusticia y pérdida de riqueza cultural ya que estas acciones han provocado que muchos jóvenes indígenas se alejen de sus costumbres, oficios, no quieran hablar lengua, ni usar las vestimentas propias de sus pueblos.
De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México hay casi 7 millones de indígenas y 450 mil afromexicanos expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física.
El Documento Informativo sobre Discriminación Racial en México, elaborado por el CONAPRED indica que el 54.8% de los mexicanos afirma que a las personas se les insulta por su color de piel, 15% ha sentido que sus derechos no han sido respetados debido a su color de piel, 23% de los mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas de otra raza.
Es evidente que en México se requiere no sólo fortalecer las políticas y planes de acción efectivos para prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, sino instrumentar mecanismos en que el Estado, sus gobernantes y la sociedad civil colaboren en la búsqueda de un cambio de conciencia en la sociedad mexicana, que permita generar cooperación y respeto a la dignidad de todas las personas por igual revirtiendo estas prácticas que impiden que en México exista cohesión social basada en el reconocimiento igualitario y el respeto absoluto de las personas y sus derechos.
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