La Reforma Migratoria: Hacia una vinculación con la identidad

Por: Alejandro Armenta Mier

Hay muchas voces que expresan en diversos momentos y espacios que el 2013 es el año de la reforma migratoria; de nueva cuenta se han formado muchas expectativas en torno a esta iniciativa de ley que impulsa el Presidente Republicano de Estados Unidos, Barack Obama.
Esas voces, concentradas en 11 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, representan el compromiso que tiene el presidente norteamericano por concretar sus promesas de campaña en beneficios reales que ayuden a ese gran segmento de población a mejorar sus condiciones de vida.
Sin duda, el tema ha sido un referente directo de Obama en las dos contiendas electorales que atravesó y que capitalizó en su última campaña, pues no es fortuito que en esta segunda vuelta el 71% de los latinos le dieron su voto tras la promesa de que este 2013 la reforma migratoria sería una realidad envuelta en la esperanza y el cambio.
Hay que mencionar que en la historia reciente de la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de migrantes, sólo 2 presidentes del vecino país del norte - Ronald Wilson Reagan y George Walker Bush- han impulsado de manera contundente una reforma migratoria con beneficios no sólo para la comunidad latina, sino para los mexicanos que residen allá. El primero de ellos logró la única reforma migratoria integral en Estados Unidos en 1986, y el esfuerzo de Bush fue fallido por las circunstancias de Seguridad Nacional que implicó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2011
El tema de los mexicanos toma fuerza debido a que -desde hace 5 años- es la primera minoría de la Unión Americana, sobre la comunidad llamada afroamericana.
A decir de algunos estudiosos de la materia, las reformas  en beneficio de los migrantes son más susceptibles de materializarse mediante gobiernos o acciones de políticos conservadores o republicanos que mediante acciones del partido liberal o demócrata; la razón pareciera muy sencilla de explicarse y , en consecuencia, de entenderse.
El republicano querría regularizar la estancia de quien le deja beneficios económicos, es decir la comunidad migrante que ofrece mano barata y de mayor calidad; en tanto que el liberal le interesa proteger los derechos de sus ciudadanos traducidos en empleo, seguridad e impuestos. Un posible ejemplo de ello es que el Presidente Obama ha sido el mandatario que -pese a la promesa reiterada de una reforma migratoria- más indocumentados ha deportado pues la cifra alcanza el millón 600 mil, casi 400 mil por año.
Independientemente de la vicisitud de comprensión que representa la ideología tras la acción en pro o en contra de la comunidad emigrante, la promesa y más reciente expectativa de una reforma migratoria impulsada por Barack Hussein Obama, es inminente.
Cierto también es que el voto de los latinos ya puede definir una elección presidencial en territorio norteamericano, y que esa sola -pero importantísima- circunstancia merece que se les cumpla la promesa de una mejor vida, la tan trillada frase del American Dream.
Parte del American Dream es obtener la ciudadanía de ese país; proceso que implica una gestión administrativa ante la Secretaría de Estado, pues la calidad de ciudadano cuando no es por nacimiento, al igual que en México, la tiene que otorgar la autoridad central.
Y es en este sentido cuando no podemos perder de vista que uno de los tantos trámites que se deben realizar es el pasaporte como documento de Identidad que deberá ser presentado para la consecución de dicho fin.
De ahí que la vinculación de la identidad, el beneficio social y la comunidad migrante representan uno de los retos en esta reforma migratoria pues del universo de 11 millones indocumentados que podrían verse beneficiados, más de 6 millones serían de origen mexicano.
La actividad del Estado Mexicano sería de 2 formas complementarias, una con el Gobierno de los Estados Unidos de América y otra, más importante, en el contexto nacional; por un lado coadyuvando con el vecino país para garantizar la identidad de los portadores del pasaporte mexicano y, por otro lado -muy importante- garantizándole al connacional la posibilidad de acceder al beneficio de dicha reforma mediante un eficiente sistema que les permita obtener documentos de identidad e identificación como lo son el acta de nacimiento y el pasaporte.
Debe ser reconocido el interés del Gobierno de la República para tener la capacidad de asistir al connacional en su propósito de alcanzar esos beneficios y de estar también en posibilidad de exigir el reconocimiento a los derechos humanos, verbigracia, los de los connacionales indocumentados, adicionalmente a la tranquilidad que se generaría a los familiares de aquel migrante que estando en México tendrían la confianza de que su familiar tiene regularizada su situación migratoria. Eso es ganar, ganar.
Los derechos humanos, el tránsito de bienes, cultura, tradición y las remesas deben tener de titulares a la persona, al connacional; es por ello que el doble deber del Estado es reconocer y garantizar la identidad y posteriormente exigir el respeto a otros derechos considerados como fundamentales.
Nuevamente hay grandes expectativas sobre una posible reforma migratoria. La historia nos dice que lograrlo es muy complicado, pero siempre será esperanzador y bienvenido.
El Estado Mexicano debe doblemente garantizar la identidad, primordialmente a sus nacionales donde quiera que ellos se encuentren y, en segunda instancia, al Estado que les albergará inclusive como sus nacionales. Por último, debe estar en la posibilidad material y jurídica de cubrir la demanda -que de la comunidad migrante- emane con esa expectativa.
Ese deber del Estado de brindar tanto la posibilidad como la seguridad jurídica de adquirir y ostentar una identidad se debe traducir en un deber y  un principio de justicia social.